El fiscal jefe de Huesca, Felipe Zazurca, ha insistido en que el joven de 17 años que presuntamente provocó la muerte del guardia civil José Antonio Pérez en un control de tráfico en Barbastro será juzgado de acuerdo a la ley de responsabilidad penal del menor.

Zazurca, ha explicado que el "principio de legalidad" por el que se rige la Fiscalía prevé ajustar las sanciones a solicitar al actual marco jurídico establecido en la ley del menor, con internamientos de 1 a 8 años que podrían llegar hasta un máximo de 10 y un periodo añadido de libertad vigilada.

En el caso del menor al que se responsabiliza del atropello, el fiscal señala que el auto del juez de guardia de Huesca que decretó su internamiento cautelar en un centro cerrado valora la existencia de "razones suficientes" para la medida dada la gravedad de los hechos y del presunto delito cometido.

"Acción con resultado de muerte"

Ha destacado que el auto judicial valora la existencia de una "acción con resultado de muerte" en la conducta del menor, aunque ha advertido de la necesidad de practicar más pruebas para determinar si se trata de un posible homicidio intencionado o imprudente.

Un posible delito de homicidio, ha añadido, al que habría que añadir otros, una vez practicadas las pruebas pendientes, por atentado a un agente de la autoridad y conducción bajo los efectos de las drogas y sin carné.

Ha destacado, además, que la instrucción se encuentra en una fase inicial, a la espera del informe definitivo de la autopsia practicada al agente y de las distintas pruebas testificales y de otra índole a realizar.Los otros tres menores, bajo custodia paterna

Respecto a los otros tres menores que viajaban en el vehículo implicado en el atropello, puestos bajo la custodia de sus padres pero aún a disposición de la Fiscalía de menores, el representante fiscal ha destacado que todavía queda por determinar su grado de participación en los hechos.

Ha señalado a este respecto que aunque "a priori" la responsabilidad entre el conductor y el resto de ocupantes del vehículo es "distinta", las pruebas a realizar podrán determinar si alguno de estos menores podría tener una implicación mayor como presunto incitador.

En cualquier caso, las medidas definitivas a imponer tanto al joven que conducía como a los otros tres menores dependerán, en última instancia, del juicio a celebrar en el Juzgado de Menores de Huesca.

Zazurca, tras resaltar que la instrucción procesal suele ser "más ágil" en la jurisdicción de menores, ha expresado su deseo de que el caso pueda quedar resuelto antes del próximo verano, o al menos la fase de instrucción.

Respecto al cumplimiento de posibles medidas de internamiento, la ley de responsabilidad penal del menor prevé su cumplimiento en centros cerrados para menores, al menos hasta los 21 años de edad del joven.

La medida podría prorrogarse una vez oídas las valoraciones de la Fiscalía y de los equipos técnicos del centro, aunque también podría suspenderse a los 18 años debido a un mal comportamiento del menor, que sería trasladado a un centro penitenciario para el cumplimiento del resto de la sanción impuesta.