Dos aspirantes a policías locales piden 20.000 euros de indemnización

El caso de los cuatro policías locales de Huesca que han perdido su trabajo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) entra en una semana decisiva para su resolución. Los agentes ya han entregado sus placas y armas, según un decreto de la Alcaldía, pero queda pendiente un último fallo judicial.

Es el que corresponde al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sobre el recurso de los afectados contra ese decreto y la petición de inejecutabilidad de la sentencia también presentada por ellos. Por su parte, las dos personas que recurrieron la oposición entienden que la resolución no pasa por echar a otros a la calle sino por que a ellas se les adjudique una plaza (si existe) o se les indemnice. En el supuesto de que la sentencia no llegue a ejecutarse reclaman una compensación mínima de 20.000 euros.

El plazo para cumplir la sentencia venció el sábado. Unas horas antes el juez determinó una suspensión cautelar por 10 días para que los implicados pudieran plantear sus consideraciones sobre las peticiones presentadas. El Ayuntamiento de Huesca las hará llegar mañana y el representante legal de uno de los dos recurrentes, Enrique González-Estéfani, ya las ha entregado.

Según este abogado, los cuatro policías locales han perdido su condición de funcionarios públicos no es por culpa de unos opositores, a los que la ley y la justicia les ampara y les ha dado la razón, "sino por las actuaciones irregulares de un Ayuntamiento en unas oposiciones igualmente públicas, por sus dilaciones y por la falta de dialogo y acuerdo con las partes afectadas".

González-Estéfani recuerda que quienes han ganado este contencioso, "después de nueve años de sufrimiento, incomprensiones, desgaste personal y costes económicos", han sido dos recurrentes. Y añade que lo podían haber hecho todos los opositores que se presentaron a estas dos plazas de policía local, porque "las irregularidades administrativas cometidas, a sabiendas, por el Ayuntamiento afectaron a todos". El abogado insiste en que en las dos sentencias emitidas por el TSJA durante este litigio no se habla de "errores administrativos" en la convocatoria.

El caso se remonta a 2005, cuando el Ayuntamiento de Huesca convocó unas oposiciones para cubrir dos plazas de policía con la previsión de poder ampliarlas si surgían vacantes y se disponía de presupuesto antes de la resolución definitiva del tribunal calificador. Al final, se incrementó la convocatoria, pero se declaró aprobados a ocho opositores y se les propuso como funcionarios cuatro días antes de que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia la plantilla municipal de ese año, que sí preveía cubrir las vacantes. Atendiendo a esta circunstancia, dos aspirantes (uno suspendió y otro aprobó pero se quedó sin plaza) impugnaron el proceso.

A finales de 2008, el TSJA dicta sentencia y anuló la ampliación de plazas de dos a ocho. El Ayuntamiento defendió que se trató de "un defecto de forma en la ampliación de la plazas" pero en febrero de 2009 ejecutó el fallo judicial anulando la ampliación de las plazas y el nombramiento de los seis últimos agentes, y constituyendo de nuevo el tribunal calificador. El juzgado comprobó que el defecto procedimental se había subsanado y validó la declaración de los ocho aspirantes que aprobaron. Los agentes cesados (cuatro porque dos renunciaron al lograr destino en Zaragoza) fueron readmitidos, y los recurrentes apelaron.

El pasado mes de julio, el TSJA determinó que su primera sentencia no se había ejecutado y ordenó que se cumpliera. El 25 de noviembre, el alcalde, Luis Felipe, firmó un decreto dejando sin efecto el nombramiento de estos funcionarios. Según ha transmitido González-Estéfani al juez, lo que pretendía su representado al iniciar el proceso era que las plazas ampliadas "irregularmente" se ofertaran en otra oposición. "No pretendía que se produjera una situación como la que ha llegado a generarse, con el cese los cuatro policías", añade.

El abogado critica al Ayuntamiento y a los agentes, "instalados en una actitud de cómoda expectativa durante años, disfrutando de un empleo y sueldo que se seguía cuestionando". Además, afirma que esta dilación ha perjudicado a su representado porque "ya no puede optar por edad a las cuatro plazas que debieron convocarse" y "por los trámites, tensiones y esfuerzos económicos soportados".