Los municipios de montaña reclaman una política de Estado para frenar la despoblación

"Es un grito desesperado". Treinta alcaldes y representantes locales de Aragón y Cataluña, integrantes de la Asociación Española de Municipios de Montaña (Esmontañas), firmaron ayer un manifiesto en Boltaña para exigir "una política de Estado y una política europea" que atienda las particularidades de estas áreas para frenar la despoblación y "garantizar el futuro de sus pueblos". El texto se remitirá para su aprobación a través de mociones a los ayuntamientos de zonas de montaña del país y se enviará a las diferentes Comunidades Autónomas y al Gobierno de España que salga de las elecciones generales del 20-D.

"Somos conscientes de la enorme dificultad que representa este reto, pero sabemos también que de no actuar con prontitud, el resultado será catastrófico para el conjunto de nuestra sociedad", advierten en el manifiesto. Además, urgen "un reconocimiento" de los espacios de montaña que permita la creación de políticas específicas". Entienden que esto debe pasar por el desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española, para priorizar y coordinar las acciones de las administraciones públicas para frenar la despoblación.

Han comprobado en las estadísticas que excepto los pueblos situados en valles con estaciones de esquí, pierden población. Y no solo sucede en Aragón, sino en otras zonas que forman parte de esta asociación española creada hace tres años. Convencidos de que su realidad socioeconómica y geográfica es diferente, denuncian que frecuentemente es "olvidada" por las administraciones públicas y que "no cuenta ni con instrumentos jurídicos ni económicos para afrontar los retos que exige el desarrollo de estos territorios y de los ciudadanos que habitan en ellos". En este sentido, recuerdan que otros países tienen medidas específicas.

Por ejemplo, Francia, apunta el alcalde de Bonansa, Marcel Iglesias (PSOE), que participó ayer en el encuentro al que asistió el presidente de la Diputación Provincia, Miguel Gracia, los presidentes de las comarcas de Sobrarbe, Enrique Campo; Ribagorza, Lourdes Pena, y Alto Gállego, Lourdes Arruebo; así como el presidente de Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés), Pablo Castán. Acudieron representantes de diversos partidos políticos porque "queremos que la propuesta no sea partidista", resalta el portavoz y alcalde de Boltaña, José María Giménez (PP).

Llamada a todos los partidos

Por ello, ante la cita con las urnas, "hacen una llamada a los futuros diputados y senadores, así como al Gobierno de España que surja de estos comicios, para que se establezcan las medidas necesarias para evitar que los pueblos de montaña sigan languideciendo y desapareciendo, sin que esta dramática situación tenga una contundente respuesta de las administraciones públicas".

Entienden que gestionar el territorio, elaborar propuestas frente al desempleo, impulsar el desarrollo sostenible y, en definitiva, un futuro para los jóvenes que quieran vivir en el mundo rural requiere de "una nueva mirada sobre el territorio", que sepa ver los valores y oportunidades que representan las montañas para la sociedad. Es más, creen que estas zonas tienen una función "trascendente" para el conjunto del Estado. En este sentido, hablan de la procedencia de alimentos, de la energía renovable o de la diversidad paisajística. "Pero vivir en las zonas de montaña no puede ser sinónimo de discriminación, ni en la calidad de vida de las personas, por razones de territorialidad", argumentan. De hecho, apuntan que sus habitantes asumen en sus labores cotidianas "los costes y la dureza de vivir en zonas aisladas, con comunicaciones deficientes y servicios públicos menguados por las condiciones del territorio y ahora también por la crisis. Por ello, reclaman "una política de estado y una política europea".

Medidas concretas

Aunque en el manifiesto no se concretan las medidas, los alcaldes apuntaron la necesidad de que la Política Agraria Común (PAC) contemple más ayudas específicas para zonas de montaña, tal y como se hace en Francia. Aunque en España existía la posibilidad de destinar un 5% no se ha hecho, por ello, se pide un marco nacional.

También consideran importante la creación de medidas fiscales para las empresas que se quieran asentar. Pensando en ellas, estiman que el Estado tiene que apostar por llevar la banda ancha a las zonas rurales para cerrar la brecha digital. Otra de sus reivindicaciones es que los beneficios de las empresas hidroeléctricas de estos territorios reviertan en la economía y el empleo.

En cuanto a la financiación de los ayuntamientos, entienden que "no puede ser que los grandes municipios reciban más dinero por persona", indica Iglesias. Además, son conscientes de que para los habitantes la vida es más cara por el transporte, la calefacción... Por el contrario, también resaltan las ventajas, como el atractivo turístico, que se comprometen a preservar.

Este asunto se volverá a abordar en la asamblea nacional de la asociación ‘Esmontañas’ que se celebrará los días 11 y 12 del próximo mes de febrero en Lérida. Pero ahora, "tras las importantes conclusiones de la ponencia del Senado sobre despoblación de las zonas de montaña, resulta de imperiosa necesidad que estas puedan aplicarse, lo cual implica una política específica para las zonas de montaña", insiste el presidente de la entidad y senador por Lérida, Paco Boya.