"El estado actual de la carretera N-260 supone un impedimento al desarrollo y el bienestar, fomenta la despoblación de la zona y es un grave riesgo para las miles de personas que deben transitarla". Con esta declaración, una veintena de alcaldes de la Ribagorza, respaldados por la Comarca y las asociaciones empresariales, instaron ayer al Gobierno central a acondicionar el tramo entre Campo y Castejón de Sos. La histórica reivindicación se concreta ahora solicitando más dinero en los Presupuestos Generales del Estado. Los 100.000 euros de 2015 y la misma cantidad en 2016 "son a todas luces insuficientes", aseguran, pero sobre todo les preocupa la inexistencia de un plan plurianual de inversiones en ejercicios sucesivos que impide pensar en el inicio de las obras.

Los alcaldes se reunieron en Castejón de Sos para firmar una declaración institucional. El eje vertebrador que supone la N-260 "no puede permanecer en su trazado decimonónico sino que debe ser una prioridad inmediata", señala el documento, que reclama la inclusión de la mejora integral de la N-260, especialmente en el tramo Campo-congosto del Ventamillo, entre las prioridades más urgentes del Gobierno.

La declaración se remitirá al Ministerio de Fomento y a los grupos políticos del Congreso y del Senado para que estos introduzcan las enmiendas necesarias en los Presupuestos, de forma que haya una consignación adecuada para poder iniciar las obras. Los trámites administrativos están muy avanzados. Hace año y medio que se aprobaron la declaración favorable de impacto ambiental y el proyecto de trazado, pero desde entonces no ha habido una continuidad con la previsión presupuestaria.

A la reunión de Castejón asistieron municipios gobernados por PSOE, PP, PAR y CHA, además de la presidenta de la Comarca, Lourdes Pena. Los del PP no niegan que, pese a los avances experimentados con el Gobierno del PP, "la partida es inadecuada e insuficiente". El primer edil de Graus no entiende por qué no se ha aumentado cuando ya se han solventado los trámites administrativos. "Era necesario que los alcaldes nos reuniéramos, al margen de partidos, para mostrar la unidad del territorio en torno a una deuda histórica que reclamamos sobre todo por seguridad", declaró José Antonio Lagüens.

El alcalde de Benasque, del PAR, también destacó la unidad. "No era una reunión para sacar rédito electoral y se ha llegado a un acuerdo sin fisuras". En caso de que no surta efecto, se reactivará la comisión de seguimiento creada en el anterior mandato, "y si hace falta iremos a Madrid", comentó José Ignacio Abadías.

Por su parte, el alcalde de Bonansa, el socialista Marcel Iglesias, dijo que "se ha puesto de manifiesto la indignación del territorio", pero lo que más preocupa es que la escasa inversión prevista "signifique que se desestima el proyecto".

Al encuentro se invitó también a la Asociación Empresarial y Turística del Valle de Benasque. El gerente, José Luis Hernández, deseó que marque un punto de inflexión porque ha demostrado la unidad del territorio por encima de intereses partidistas. "Ante un gravísimo problema no valen siglas, colores ni rivalidades. No sabemos cómo hacer ver la importancia de este asunto, porque en pleno siglo XXI no se puede admitir que si un esquiador se rompe el fémur, tarde dos horas en llegar a un hospital", añadió Hernández.