La defensa del constructor Francisco Javier P.H., condenado por la Audiencia de Huesca el pasado mes de abril a 27 años por el secuestro y asesinato de la empresaria de Sabiñánigo María Pilar Blasco, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que su cliente no fue el autor del crimen.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la sentencia no sólo ha sido recurrida por la defensa, la letrado Carmen Sánchez, sino por el representante de la acusación particular en nombre de la familia, el abogado Enrique Trebolle, que reclama la aplicación de la agravante de ensañamiento en la condena.Condena de la Audiencia de Huesca

La Audiencia de Huesca condenó al constructor a 19 años de cárcel por el delito de asesinato y a otros 8 por el secuestro de la mujer, y le absolvió del robo con violencia que se le imputaba.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal le impuso el pago de una indemnización de 120.000 euros al marido de la víctima y de 60.000 a sus tres hijos.

Los magistrados absolvieron al ciudadano rumano Gabriel Claudiu T., un extrabajador del constructor que fue juzgado por los mismos delitos y a quien se le acusaba de actuar como cómplice.

Durante la vista, el constructor negó ser el autor del crimen de María Pilar Blasco, cuyo cadáver fue hallado sumergido en junio de 2008 en un canal próximo a la población de Sabiñánigo.

La sentencia consideró probado que Francisco Javier P.H., en compañía de unas personas de nacionalidad rumana sin identificar, secuestró el 10 de junio a la víctima, que fue golpeada de forma brutal hasta que perdió la consciencia y posteriormente tirada al canal de Jabarrella con varios sacos de arena atados a su cuerpo.

"La víctima, que seguía inconsciente pero que aún vivía en el momento en que fue arrojada al canal, falleció minutos después por sumersión", añadieron los magistrados en su relato de hechos probados.

Dos días antes de la localización del cuerpo, el constructor condenado envió un fax desde un locutorio de Zaragoza para pedir un rescate a la familia, con la que mantenía una elevada deuda que ya había sido reclamada por la fallecida y su esposo.

A pesar de negar el envío, el constructor fue grabado por una de las cámaras de locutorio el mismo día en que la familia de la víctima recibió la petición de rescate.

Respecto al ciudadano rumano Gabriel Claudiu T., defendido por el letrado oscense Manuel Arcas, el tribunal entiende que "no existe suficiente constancia de que el día 10 de junio hubiera participado activamente en la retención y posterior muerte de María Pilar".