Una de las principales medidas de ahorro impulsadas por el Ayuntamiento de Huesca para 2012, la rebaja de 300.000 euros en el nuevo contrato de limpieza para los dos próximos años de los 50 edificios municipales, que ha pasado de 2,6 a 2,3 millones de euros, ha provocado la contestación de los trabajadores del servicio, la mayoría mujeres, que ayer salieron a la calle para exigir que se mantengan sus condiciones laborales y salariales. Estos empleados temen que esa reducción económica conlleve cambios en sus jornadas de trabajo e incluso despidos.

'No a los recortes de limpieza. Revisión de las condiciones de los pliegos', 'Queremos limpiar vuestros centros. No queremos limpiar nuestra crisis' o 'Políticos y bancos crean la crisis y la pagamos los de siempre' fueron algunos de los eslóganes de las pancartas que exhibieron medio centenar de limpiadoras a las puertas del Ayuntamiento de Huesca. El nuevo contrato afecta a unos 140 trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, que tienen unos salarios de entre 400 y 720 euros.

Las afectadas se concentraron tras la reunión que mantuvo el comité de ISS -la empresa que gestiona ahora el servicio- y los sindicatos CC. OO. y UGT con la alcaldesa de Huesca, Ana Alós. En ella, los representantes sindicales trasladaron sus temores por las consecuencias que puede traer el hecho de que el nuevo pliego del limpieza establezca un recorte de 93.223 a 79.503 horas anuales "ya que eso repercutirá en la pérdida de horas de trabajo y de número de empleos", sostienen.

Los sindicatos comprenden que los posibles recortes los tendrá que aplicar la empresa adjudicataria y no el ayuntamiento, "pero como administración contratante tiene que estar vigilante para que no se cumplan los miedos que tienen las trabajadoras", señalan.

Según las representantes de los trabajadores, el equipo de gobierno les aseguró que aunque en el pliego aparezca un cómputo total de horas a realizar, se trata de una cifra solo orientativa, "pero si es a la baja, en teoría el horario también se recortará", alertan.

No obstante, los sindicatos presentarán el viernes una reclamación al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón para que atienda sus peticiones antes de adjudicarse el contrato. Estas irán en la línea de garantizar el mantenimiento del número de empleadas, de sus jornadas laborales y de su centro de trabajo "porque la única forma de mantener la calidad del servicio es seguir igual que ahora", subrayan.

Los sindicatos también se reunirán con los grupos políticos para que trasladen sus inquietudes a la mesa de contratación "y las valoren a la hora de seleccionar a la empresa adjudicataria" del servicio.

Por su parte, el edil de Personal, Gerardo Oliván, defendió que el pliego de condiciones "garantiza la calidad del servicio y al mismo tiempo busca la eficiencia y la eficacia de la administración".