Nuevo intento para reanudar las obras de la 117 VPO de Artillería paralizadas hace un año

Hay una nueva oportunidad para que las 117 viviendas de protección -que Bruesa empezó a construir en el suelo de Artillería en Huesca, y que están paradas hace más de un año- puedan continuar en las mismas condiciones económicas con las que se iniciaron en febrero de 2009. Para que esto ocurra es necesario un acuerdo a cuatro bandas: Gobierno de Aragón, administración concursal de Bruesa, CAI y adjudicatarios. Quedan apenas 24 horas para decidir su futuro.

La administración concursal de Bruesa Inmobiliaria, promotora de los pisos que presentó hace unos meses concurso de acreedores, ha comunicado al Gobierno de Aragón su interés en solicitar una prórroga para continuar las viviendas. Mañana cumple el plazo para que la promoción pueda obtener la calificación definitiva como VPO que concede la administración autonómica, pero este podría prorrogarse otros 15 meses si los administradores de Bruesa transmiten la obra a otro promotor y si la CAI, financiera y avalista, está conforme con el cambio.

Esta documentación tendría que presentarse antes de que el expediente caduque, lo que ocurre mañana, y debe estar rubricada por el juez de concurso de acreedores, que se admitió en San Sebastián el 22 de junio. Al ser agosto un mes inhábil para la Administración de Justicia esto es imposible. Así, los administradores concursales han solicitado a la DGA un mes de plazo sobre esa caducidad para tener tiempo de presentar al juez la documentación que acredite la transmisión de la promoción a un tercero y la viabilidad de esta.

Pero este mes de plazo no puede concederse si no es con el permiso de los adjudicatarios. Desde Vivienda se comunicó la situación a los adjudicatarios de estas VPO y se facilitó la solicitud que debían entregar en Obras Públicas de Huesca pidiendo este mes de plazo. Hasta ahora han sido unas 20 las solicitudes registradas porque no todos los que compraron una vivienda en esta promoción están de acuerdo en esperar más tiempo y prefieren recuperar el dinero depositado, más de 30.000 euros en algunos casos.

Muchas dudas

La concesión de estos 30 días no es garantía de que la obra se reanude, pero sí supone una oportunidad de conseguirlo. La firma del documento tampoco supondrá un obstáculo para dejar sin efecto el contrato y ejecutar el aval.

Desde la consejería de Obras Públicas han manifestado la intención de prorrogar otros 15 meses el expediente «siempre que los vecinos lo quieran». Según se comunicó a los afectados, los administradores concursales de Bruesa Inmobiliaria están muy interesados en esta continuidad y las negociaciones están bastante avanzadas para transmitir la obra a un tercero que puede reemprenderla. Al parecer, la CAI también sería favorable a esta operación.

Las 117 VPO de Bruesa en la urbanización de Artillería quedaron paradas en julio del año pasado, cuando la constructora, también del grupo Bruesa, presentó un preconcurso de acreedores a la espera de solucionar sus problemas económicos y manifestó su inatención de terminar la promoción. Pero la situación no mejoró y el concurso llegó en febrero de este año.

En mayo, ante la falta de información por parte de la inmobiliaria y del Gobierno de Aragón, que vendió el suelo y otorgó la calificación provisional de VPO, los adjudicatarios convocaron una protesta. Pero esta quedó sin efecto al anunciar el consejero de Obras Públicas, el día 11 de ese mes, que la constructora Brial había llegado a un acuerdo con la CAI para continuar las obras. El anuncio de Alfonso Vicente tuvo un efecto inmediato: los afectados desconvocaron la protesta. Pero el acuerdo no llegó a firmarse porque el suelo de las 117 VPO estaba embargado.

Fue un jarro de agua fría después de haber devuelto la esperanza a los compradores, que un mes después vieron cómo el juzgado admitía el concurso de acreedores también de la inmobiliaria. El 20 de julio, los adjudicatarios de las VPO recibieron una carta de la administración concursal de Bruesa Inmobiliaria en la que se comunicaba que se mantenía el compromiso de llevar adelante la obra en los plazos previstos y que la entrada en concurso de la sociedad «no suponía la paralización del proyecto, la resolución del contrato ni el incumplimiento del mismo».