Representantes de 54 comunidades de base de Riegos del Alto Aragón debatirán este viernes en una asamblea extraordinaria la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués, dada a conocer el pasado 12 de julio, y la posibilidad de mantener la concentración prevista frente al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid.

La movilización, prevista inicialmente para esta semana, se había convocado para denunciar el retraso del dictamen ambiental y aunque éste ya se ha emitido y es positivo, impone una serie de condicionantes que han disgustado profundamente a los regantes, pues las limitaciones ponen en jaque la viabilidad de la obra de regulación del Gállego.

Una larga reunión

La asamblea general, convocada a las 11.00 en la sede de Riegos en Huesca, tiene un único punto del orden del día, analizar la situación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este jueves, la junta de gobierno de la Comunidad General mantuvo una intensa reunión de cuatro horas para prepararla.

Al término del encuentro del máximo órgano de gobierno de los regantes, su presidente, César Trillo, avanzó que el objetivo es informar a los usuarios de los términos de la declaración, aunque ya conocen el documento, pues se ha remitido a todas las comunidades de base y se ha debatido en el seno de sus juntas de gobierno. «Les explicaremos todos los aspectos negativos. Lo único que es positivo es que se pronuncia a favor del embalse, pero el condicionado lo convierte en una obra poco útil para nosotros», declaró.

Entre las prescripciones destacan el establecimiento de un caudal mínimo de 90 m3/s por debajo del cual no se podrá embalsar agua; la no aprobación de la central hidroeléctrica prevista a pie de presa, que tendrá que someterse a su propia evaluación; y la reducción del nivel de llenado permanente del pantano para minimizar las afecciones a los usos deportivos del Gállego.

La asamblea tiene la última palabra, pero la junta de gobierno se mostró ayer partidaria de desconvocar la concentración de Madrid, a expensas de lo que diga un informe jurídico sobre la declaración de impacto que ha encargado el sindicato de riegos. Los partidarios de esta posición justifican que la movilización en la capital española estaba motivada por el retraso de la resolución ministerial y para apoyar un dictamen favorable. Ambas cosas se han conseguido, aunque el visto bueno tiene muchas limitaciones.

Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, se encargará un estudio jurídico, si así lo determina la asamblea, para ver si las prescripciones establecidas se ajustan o no a la ley. A juicio de César Trillo, en algún aspecto se ha podido hacer una mala interpretación de la normativa.

Ambiente tenso

El malestar de los regantes es manifiesto. Fuentes de algunas comunidades de base reconocen que existe un ambiente de tensión porque la declaración de impacto ambiental ha puesto numerosas trabas a un embalse que lleva años de retraso y cuya capacidad se negoció a la baja (de 192 a 35 hectómetros) para poder contar con el máximo consenso social y político en Aragón.

Esta misma semana, los ayuntamientos afectados por la obra, opuestos al embalse, mantuvieron una reunión con la secretaria de Estado de Cambio Climático. Al término de la misma señalaron que los condicionantes de la DIA hacen inviable la construcción, aunque para ellos hubiera sido mejor «descartarlo».