Primer pleno municipal tras la investidura de Ana Alós (PP) como alcaldesa de Huesca y primeras críticas de la oposición (PSOE, CHA e IU) a sus decisiones, especialmente a la eliminación a final de año de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para crear en su lugar una nueva concejalía de Bienestar Social y de la Autonomía Personal.

La sesión extraordinaria apenas duró 50 minutos y fue para Gerardo Oliván y Luis Felipe su estreno como portavoces del equipo de gobierno y del principal partido de la oposición, respectivamente. El nuevo organigrama salió adelante con los votos a favor de PP y PAR, que tienen un acuerdo de gobernabilidad, mientras que PSOE y CHA se abstuvieron. Solo la edil de IU votó en contra.

Desde el grupo del PP explicaron que el objetivo del nuevo organigrama es «garantizar una gestión transparente, eficaz y austera, impulsar el crecimiento de la ciudad y responder a las demandas planteadas por los ciudadanos haciendo especial hincapié en las cuestiones de carácter social».

Oliván defendió la decisión de sustituir la FMSS por una concejalía de Bienestar Social «para optimizar los recursos existentes». Además, garantizó que en este área se dará cabida a la participación ciudadana con el Consejo de Niños y Niñas, la Mesa de Inclusión Social, el Consejo de Mayores, el Foro de la Inmigración y el Consejo de Participación de la Autonomía Personas. Para apoyar esta línea de actuación, leyó un decreto de Alcaldía del año 2007 que ya apostaba por revisar los organismos autónomos del consistorio «en aras de la eficacia».

Felipe, «orgulloso» de la FMSS

Por su parte, Luis Felipe, portavoz socialista, anunció la presentación de 22 preguntas dirigidas a la alcaldesa -que se comprometió a responder por escrito- ante la «inquietud e incertidumbre» que les ha generado el anuncio de la disolución de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, cuyo trabajo durante los últimos años defendió de forma contundente. «Tendríamos que sentirnos orgullosos de la labor que se ha hecho desde el ayuntamiento en políticas sociales», manifestó.

Los socialistas quieren saber si la FMSS va a ser el único organismo que se disuelva en este mandato, qué políticas «más ambiciosas» quiere desarrollar el PP, si se van a reducir las prestaciones y servicios a las familias o si va a haber despidos de interinos.

Con todo, el PSOE se abstuvo «porque cuando uno gobierna tiene que tener la facultad para establecer una estructura que haga eficaz y eficiente la gestión de los servicios municipales», señaló.

El PAR sí apoyó la estructura de trabajo presentada por los populares «porque entendemos que puede ser útil y eficaz y esa va a ser nuestra prioridad», subrayó su portavoz, Fernando Lafuente. En cuanto a la supresión de la Fundación de Servicios Sociales, recalcó que «a nosotros no nos interesa tanto el formato como la acción social» y aseguró entender el cambio propuesto por el PP.

CHA también la hubiera cambiado

Por su parte, CHA se abstuvo en la votación sobre la organización de las comisiones informativas y la determinación del personal eventual. Su portavoz, Luis Gállego, admitió estar en contra del nuevo organigrama «porque es muy continuista y porque conforme pasan los años todos los equipos de gobierno desmantelan órganos de participación y esta vez le ha tocado a la Fundación Municipal de Servicios Sociales», denunció. No obstante, Gállego aseguró que su grupo tampoco hubiera mantenido como hasta ahora la actual estructura de la FMSS «porque no estaba siendo capaz de adaptarse a las necesidades de la crisis», dijo. Con todo, argumentó que no querían votar en contra «porque quien gobierna necesita una herramienta para llevar adelante sus políticas».

IU fue el único grupo que votó en contra del nuevo organigrama «porque introduce un concepto distinto para desarrollar políticas de igualdad, aparta a las entidades sociales del ámbito decisorio, de seguimiento y de control de las políticas sociales, y pierde órganos de participación», argumentó su portavoz Pilar Novales. En relación a la anunciada eliminación de la FMSS, lamentó la decisión «en un momento en que la política social es especialmente importante para evitar situaciones de riesgo de exclusión social».