Las familias de los hermanos Roberto y Rodolfo Aínsa -ex presidente de la Diputación Provincial de Huesca y ex senador por el PP- volvieron a verse ayer las caras en el juicio celebrado en Jaca por el vertido de estiércol en la finca que tienen en común cerca de Sabiñánigo pocos días antes de la boda de María Aínsa, hija de Roberto, en 2007. La familia exige 44.332 euros a la mujer y dos hijos de Rodolfo Aínsa, ya que la boda finalmente no se pudo celebrar en esta finca, trasladándose a un terreno propiedad del novio. Según los demandantes, la acción de esparcir estiércol que realizó la familia de Rodolfo Aínsa les provocó una crisis de ansiedad a Roberto y a su hija, quien tuvo además que pedir una baja laboral por el estrés sufrido.

Sin embargo, el juicio no quedó visto para sentencia ya que la juez aceptó como diligencia final la testificación de un Policía Local de Sabiñánigo, que acudió a la finca el día que se vertió el estiércol. Ahora se abre un periodo de 20 días para volver a convocar al nuevo testigo y a las partes, y será entonces cuando tengan lugar las conclusiones y quede visto para sentencia.

La historia se remonta a hace unos 10 años cuando un problema familiar provocó que Rodolfo y Roberto dividieran sus negocios y sus bienes comunes, excepto la finca 'El Aligar', una propiedad de 30.000 metros cuadrados con dos casas, una para cada familia, piscina, pista de tenis, jardines y superficie de arbolado. En este terreno, la sobrina de Rodolfo decidió celebrar su boda el 25 de agosto de 2007. Como las familias ya no tenían relación, no se pidió permiso a la otra parte para celebrar este evento.

Condiciones «insalubres»

Unos días antes de la boda, el 19 de agosto, varios camiones llenos de estiércol se esparcieron por toda la finca, dejándola, según la familia de Roberto, en condiciones «insalubres», por lo que la ceremonia no se pudo celebrar allí.

Rosa María Montañés, esposa de Rodolfo Aínsa -este último no testificó-, explicó en el juicio que en el mes de julio de 2007 se interpuso una medida cautelar para evitar que se celebrara la boda en la finca, «pero no se admitió a trámite». Posteriormente también se comunicó extrajudicialmente a la otra familia, pero los preparativos siguieron adelante.

Montañés dijo que el estiércol «no tenía nada que ver con la boda, ni fue una artimaña para paralizarla». Según su relato ante el juez, «en esas fechas nos regalaron el abono y decidimos echarlo, pero el día que llegaron los camiones, nos impidieron el paso, incluso nos insultaron, y estuvimos unos tres días sin poder pasar». Además, recalcó que la boda «se podía haber celebrado perfectamente». La esposa de Rodolfo Aínsa también declaró ante el juez que en 2006 se encargó un proyecto de partición de la finca y que se les envió a la otra familia. Este asunto de la división del terreno está pendiente de otro juicio, que todavía no se ha celebrado.

Los hijos de Rosa María, Rodolfo y Javier Benjamín Aínsa, coincidieron en la declaración con su madre e incidieron en que el tema del abono no tenía nada que ver con la boda. «Fue algo circunstancial».

Por su parte, María Aínsa, la demandante junto a su esposo y su padre, declaró que la finca se encontraba «en un estado deplorable, daba pena verlo. Además tuvimos que aplicar un tratamiento preventivo para pulgas y garrapatas». María apuntó que unos días antes de la boda «nos enviaron un burofax con un plano en el que se mostraba la partición de la finca y si la aceptábamos y firmábamos nos dejarían celebrar la boda». Pero esta proposición, según declaró, no fue aceptada porque la partición «no era proporcional y beneficiaba a la familia de Rodolfo. Fue una medida de coacción para hacer la división en esos términos», añadió el marido, César Ferrer. Esta versión fue negada por la otra parte.

Políticos y guardaespaldas

Roberto Aínsa apuntó que no solicitó permiso para celebrar la boda porque ellos tampoco les comunicaban cuando celebraban eventos con políticos. «Venían con sus guardaespaldas y nos obligaban a identificarnos para entrar en nuestra propia casa», se quejó. Además, relató que los camiones de estiércol llegaron a la finca el viernes 17 de agosto por la tarde y no se movieron hasta el domingo por la mañana. «Bajé a comprar el periódico a Sabiñánigo y en seguida me llamó mi hija para decirme que estaban entrando en la finca». Ese día Roberto sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendido por los servicios médicos.

Por último, declararon dos peritos, presentados uno por cada familia y que mostraron opiniones contradictorias. El presentado por la familia de Roberto Aínsa explicó que los excrementos eran de ganado vacuno y que el mes de agosto «no es el más propicio para llevar a cabo el abono». El perito de la familia del ex senador dijo lo contrario, que el estiércol era de ovino y que el verano «es bueno para abonar y esto no da lugar a insectos como pulgas o garrapatas».

El juicio quedará visto para sentencia una vez que testifique el policía de Sabiñánigo que estuvo en la finca y fue testigo de todo lo que ocurrió el día del vertido.