Los antiguos vecinos de Jánovas, Lavelilla y Lacort lo han conseguido y pagarán por las tierras y las casas que en su día les expropiaron para construir un pantano que nunca se hizo un precio adecuado a la ruina que presentan ahora y no la cantidad que pedía Endesa, heredera de los derechos de explotación hidroeléctrica del río Ara, que multiplicaba por 30 lo que los propietarios recibieron hace 50 años.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado a los afectados que el precio de la reversión se fijará en una nueva valoración de los bienes que contemplará su menoscabo y no en la aplicación del IPC acumulado en estos años. Se trata de que los expedientes de reversión se rijan por el artículo 55.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y no por el artículo 55.1. «Es lo jurídicamente correcto», asegura el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en una carta remitida al presidente de la Asociación de Vecinos Afectados por el Embalse de Jánovas, José Manuel Giral.

Hace poco más de dos años que se inició el proceso de reversión con la apertura de 128 expedientes. La valoración de Endesa, que, aplicando el artículo 55.1, pedía hasta 30 veces más de lo que recibieron al ser expropiados, no convenció a los propietarios. Estos encargaron tasaciones de las tierras y las casas que rebajaba hasta en seis veces la realizada por la compañía eléctrica.

En uno de los casos, Endesa pedía 21.000 euros por la vivienda, un pajar y una finca por las que cuales se pagaron 136.000 pesetas (800 euros). Los propietarios estiman que los bienes no valen más de 6.000 euros porque "están como una escombrera». Dejar la casa como estaba cuando la familia la habitaba cuesta 250.000 euros.

En dos años, Endesa solo ha llegado a acuerdos con 17 de los 128 propietarios, lo que representa un 13% del territorio y un 1,8% de los expedientes de reversión. La negociación con el resto permanecía bloqueada por lo que la Asociación de Afectados decidió acudir a la Cortes de Aragón. Representantes de los antiguos vecinos comparecieron en la comisión de Derechos Humanos para solicitar el respaldo a su reivindicación de una reversión «justa». Recibieron el apoyo unánime y hace unos días las Cortes ratificaron por unanimidad una proposición no de ley presentada por CHA y asumida y modificada por el resto de grupos, en el mismo sentido.

José Manuel Giral considera que el pronunciamiento de Medio Ambiente supone «un paso de gigante» porque «es lo que nosotros reivindicábamos». «Cuando llegue el expediente, la valoración no diferirá mucho de la tasación que nos han hecho peritos independientes y se llegará a un acuerdo», apunta. Después, solo quedará conseguir que la administración incluya en los expedientes de reversión las 'ventas mal llamadas voluntarias' , es decir, de los terrenos situados sobre la cota 710 (la que iba a alcanzar el pantano). «Lo que en su día deberían haber hecho bajo una expropiación forzosa lo hicieron bajo la apariencia de contratos de compraventa y es lo que Confederación Hidrográfica del Ebro ha excluido del proceso de reversión inicialmente», explica Giral.

La Asociación de Afectados, que había solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, se entrevistará el martes con la Directora General del Agua. «Le haremos llegar nuestra confianza en que la reversión se produzca en los términos que recoge la carta y el sentir de todos los grupos políticos de Aragón, que votaron a favor del justiprecio y de incluir las ventas mal llamadas voluntarias».