El Gobierno francés todavía no ha confirmado su decisión, pero ecologistas y detractores del polémico plan de reintroducción de osos en el Pirineo ya han tomado posiciones ante la posibilidad, apuntada desde el pasado verano, de que esta primavera se libere una nueva hembra -previsiblemente eslovena- con el objetivo de garantizar la pervivencia de la especie en la cordillera. Las dos partes enfrentadas han participado activamente en la consulta que durante un mes y medio ha desarrollado el Ministerio de Ecología galo para recoger las opiniones, propuestas y quejas de los ciudadanos sobre la inminente suelta.

El proceso consultivo, puesto en marcha a través de la web de la Prefectura de los Pirineos Atlánticos a finales de diciembre, concluyó el 4 de febrero. Según informó Philippe Lacube, presidente de la Asociación en Defensa de la Identidad Pirenaica, ellos consiguieron reunir un total de 7.000 adhesiones en contra de la reintroducción prevista en los valles de Ossau o Aspe, que lindan con las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania.

Por su parte, los ecologistas han presentado 16.000 firmas de apoyo a la medida, si bien Lacube advierte de que no deberían ser tenidas en cuenta, puesto que se recabaron «durante una campaña que se hizo en toda Europa entre 2009 y 2010, y no con motivo de esta consulta». «Han visto que nosotros hemos hecho un trabajo importante sobre el terreno y ellos no habían hecho nada, por eso han decidido aprovechar esos apoyos que recibieron en su día», comentó el presidente de la Asociación en Defensa de la Identidad Pirenaica.

«Es urgente»

Entre los que han participado en la consulta también se encuentra la organización Ecologistas en Acción, para la que «realizar un refuerzo de la población, a través de la suelta de hembras, es una medida tan necesaria como urgente, la única posibilidad para evitar la desaparición de este núcleo histórico y emblemático». Además, recuerda que el oso «está ligado a la conservación del entorno natural y del bagaje cultural y patrimonial de este territorio», al tiempo que reconoce que una mayor presencia de la especie en el Pirineo «deberá conllevar un importante apoyo a los habitantes de esta cordillera, particularmente a los ganaderos, en base al esfuerzo que ellos mismos realicen a favor de la cohabitación entre los usos agropecuarios y la presencia de este animal».

Pero los implicados no parecen estar en absoluto por la labor. De hecho, coincidiendo con el final del proceso participativo, se reunieron con el prefecto del departamento de los Pirineos Atlánticos, Philippe Rey, y ya avisaron de que si el Gobierno mantiene sus pretensiones, «habrá problemas en los valles afectados». «Le recordamos -dijo Lacube- que no hay ninguna ley europea que pueda imponer la reintroducción e insistimos en nuestra visión del territorio, que es una zona habitada, no como Yellowstone, por ejemplo».

Varios pueblos aceptarían

No obstante, el rechazo en los municipios del Pirineo francés no es total. Según Philippe Lacube, «hay dos o tres pueblos -de los 73 incluidos en el ámbito de la consulta- en los valles de Ossau y Aspe que quieren el oso», aunque los detractores condicionan su implantación allí a «que no salga del perímetro de esos municipios».

Ahora, el Ministerio debe analizar los resultados de la consulta antes de decidir. En este sentido, Lacube afirmó que tienen previsto contactar con los responsables de Ecología para que concreten cuándo se pronunciarán. Y si finalmente se opta por soltar la osa, los opositores a la medida podrían estudiar nuevas movilizaciones como la manifestación del pasado marzo en Tarbes, a la que también acudieron ganaderos oscenses.

Estos, de momento, también se mantienen a la espera de conocer la resolución del Gobierno galo para reunirse con los afectados franceses. Pero antes tienen previsto volver a solicitar al Gobierno de Aragón la convocatoria de la mesa de trabajo del oso.

Por su parte, la DGA confirmó que no tienen noticias oficiales ni de Francia ni de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, a la que recientemente se pidió que interceda ante su homólogo, Jean-Louis Borloo, para que se tengan en cuenta en el proceso los intereses de las administraciones autonómicas y locales afectadas en la vertiente española del Pirineo.