El juez procesa a Puyó y dos ciudadanos rumanos por el crimen de Sabiñánigo

La golpearon hasta perder la conciencia, la estrangularon casi hasta la muerte tras varias horas secuestrada y finalmente la arrojaron a un canal atada a dos sacos de tierra. El auto de procesamiento dictado por el juzgado de instrucción nº 2 de Jaca por el asesinato de la empresaria de Sabiñánigo Pilar Blasco relata "la extrema brutalidad" empleada contra la víctima, a la que raptaron el 10 de junio de 2008 en el garaje de su casa para quitarle el dinero que llevaba.

El magistrado Ángel Manuel de Pedro acaba de dictar auto de procesamiento por los delitos de robo con violencia, secuestro y asesinato contra Francisco Javier Puyó, un constructor de Sabiñánigo conocido de la víctima y que fue detenido días después; y contra dos ciudadanos rumanos, Gabriel Claudio Trebea y Ciprian Ioan Cetatean, que supuestamente le ayudaron. El primero está en prisión provisional, Cetatean sigue en paradero desconocido desde el 13 de noviembre de 2008 y Trebea, en libertad, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El relato de hechos

El juez detalla hora a hora cómo se produjo el secuestro y posterior asesinato. Según el auto, a las 15.00 Pilar Blasco, de 54 años, salió de su casa en la calle Abad Banzo para ir a trabajar a la empresa de la familia, portando una importante cantidad de dinero. Nunca llegó a salir del garaje, ya que allí la abordó mediante engaño Francisco Javier Puyó, en solitario o en compañía de los otros. La llevó al garaje cerrado que él tenía en el mismo inmueble y allí la golpeó en la cabeza y la cara, pudiéndole provocar una pérdida momentánea de conciencia. Luego la amordazó, la ató de pies y manos -presentaba importantes lesiones-, y le quitó el dinero.

La dejó en ese lugar y esperó a la noche. Mientras buscó un sitio para deshacerse del cadáver, ya que, según el magistrado, "había tomado la decisión de quitarle la vida". Entre las 19.00 y las 23.00 del 10 de junio, data de la muerte según el forense, volvió al garaje y la estranguló, aunque pudo no causarle la muerte. La metió en su coche y se dirigió al canal de Jabarrella, atándole dos sacos de arena para que el cuerpo no pudiera emerger, "provocándole definitivamente la muerte por sumersión".

Dos días después, Puyó se desplazó a Zaragoza y utilizando a un inmigrante mandó un fax desde un locutorio de la calle Conde Aranda al Ayuntamiento de Jaca en el que simulaba que unos extranjeros se atribuían el secuestro de la víctima y pedían un rescate.

El día 13 de junio se encontró el cuerpo en el canal. El informe forense describió contusiones en la cabeza y la cara, lesiones por estrangulamiento y no se descarta, atendiendo a la sangre de las fosas nasales y la espuma de los órganos respiratorios, que la muerte se produjera por sumersión.

Numerosos indicios

El juez apunta una serie de indicios racionales de criminalidad. El primero, que Puyó conocía a la víctima. Debía a su empresa 15.000 euros, cantidad que le habían reclamado, y pasaba un mal momento económico, hasta el punto de que su casero instó su desahucio por no pagar el alquiler. Además, fue visto junto al garaje a la misma hora en que se produjo la desaparición, y un vehículo de similares características al suyo, junto a la zona del canal en el que tiraron el cuerpo.

Por otra parte, apareció en las cámaras de seguridad del locutorio y el inmigrante al que le pidió que enviara el fax lo identificó. Otra de las pruebas se refieren a la cinta adhesiva y las cuerdas con la que ataron a la víctima y los sacos de arena, que coinciden con lo descubiertos en el garaje del procesado. También incurrió en numerosas contradicciones. En la Guardia Civil declaró que unos rumanos contactaron con él para que les dejara su garaje; ante el juez, que le habían obligado; y en un careo con Trebea excluyó la participación de éste.

Todo ello apunta "directamente" a Puyó como autor principal, pero también hay indicios sobre la colaboración de los otros dos en el secuestro y asesinato, o a la hora de deshacerse del cuerpo, ya que se necesitaban varias personas para tirar el cuerpo al canal. Puyó, a quien defiende Carmen Sánchez Herrero, tiene que comparecer el día 24 en el juzgado para la declaración indagatoria.