La querella contra Canales y Torres se basa en el incumplimiento de una sentencia desde 2005

Seis años de pleitos y cinco sentencias a favor no han bastado para conseguir una licencia de explotación porcina. Por ello, un vecino de Sariñena ha decidido presentar una querella contra la actual alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales (PSOE), su antecesor en el cargo y presidente del PP en Huesca, Antonio Torres, el ex secretario municipal, Pedro Martínez, y el ex concejal del PAR, Rafael Alastrué, por incumplir presuntamente los sucesivos fallos judiciales. El juez los ha citado a todos a declarar como imputados por tres presuntos delitos de desobediencia judicial, falsedad documental y prevaricación.

La alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales, prestó declaración el miércoles en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), donde interpuso la querella el vecino de la localidad Mariano Martín y ex concejal del PAR entre los años 2003-2007. Precisamente son los años en los que se iniciaron los pleitos, cuando era alcalde Antonio Torres. No obstante, Canales declinó ayer hacer una valoración al respecto a la espera de que presten declaración el resto de los imputados en el caso el jueves, día 23. Será después de que el juez escuche a todos cuando conocerá si se le acusa de algún delito.

Tampoco quiso hacer declaraciones ayer el diputado autonómica Antonio Torres, que también estaba citado el miércoles por el juez como imputado, puesto que la mayoría de las actuaciones que ahora se juzgarán tuvieron lugar durante su mandato en Sariñena. Sin embargo, solicitó un aplazamiento al coincidir con la celebración del pleno de las Cortes y tendrá que declarar el día 23.

Por su parte, el ex secretario alegó motivos de salud para posponer su comparecencia. Por último, el ex concejal Rafael Alastrué, aunque en un inicio fue eximido por el juez al entender que era suficiente con la declaración de la alcaldesa, es posible que se le cite de nuevo dado que en el periodo en el que se firmó un documento con respecto a esta licencia, presidía el área de urbanismo.

Dos naves muy próximas

El querellante, Mariano Martín, solicitó ya en el año 2001 una licencia para construir una nave porcina de cebo, pero en marzo de 2003, y alegando que una de cría le reportaría mayores beneficios, pidió un cambio de orientación productiva, que siete años después todavía no ha conseguido. Un mes más tarde su vecino de finca José Luis Mazuque solicitó una licencia para otro cebadero, que le fue concedida y que ya está construida. Aunque la primera no se ha llegado a levantar, la de Mazuque no cumplía con la distancia mínima entre ambas de acuerdo al cambio que pidió el primero. En la querella se argumenta, que los imputados "impidieron la efectiva ejecución de un fallo judicial, dictando para ello determinadas resoluciones de carácter arbitrario e induciendo incluso a error al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo mediante la presentación de un documento falso". Es lo que ahora tiene que valorar el juez.

Todo comenzó nada más pedir sus permisos con un mes de diferencia. El primero, que había pedido la modificación, ya solicitó a finales de abril de 2003 que se le denegara la licencia a su vecino por incumplir la distancia entre ambas edificaciones. Sin responder al primer vecino ni requerirle más documentación, se concedió el permiso al segundo.

Ante la falta de respuesta a otras solicitudes de información el primer solicitante recurrió al Contencioso-Administrativo, que falló a su favor en julio de 2005 y acordó anular la licencia del segundo vecino, ordenar al Ayuntamiento de Sariñena que comunicara la nulidad a las administraciones competentes y que se retomara el proceso para conceder la licencia a favor del primer solicitante. El Ayuntamiento de Sariñena le requirió un informe técnico en agosto de ese año para el que solo tenía 10 días y, tras cumplir el plazo, acordaron declarar caducada la licencia. Contra estas actuaciones, el querellante interpuso dos nuevos contenciosos administrativos que le dieron nuevamente la razón. En este caso, el Ayuntamiento de Sariñena presentó recursos de apelación, pero ambos fueron desestimados.

Falsedad documental

Una de las obligaciones que la sentencia de 2005 le puso al Ayuntamiento fue que tenía que comunicar al Gobierno de Aragón la nulidad de la licencia otorgada al segundo solicitante. Y así lo hizo pero, días después presentó otro en el que se pedía que quedara sin efecto la nulidad de la licencia, tal y como aseguró el propio Gobierno de Aragón. Dos años después, un certificado firmado por el ex secretario imputado, Pedro Martínez, y con el visto bueno de la alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales, aseguraba que el Ayuntamiento no había acordado la suspensión de la nulidad de la licencia.

Canales tuvo que responder por ello en su declaración del miércoles ante los tribunales, donde argumentó que entonces solo llevaba 10 días en el cargo tras las elecciones de 2007. Por este documento, el denunciante acusa a la alcaldesa y ex secretario de un presunto delito de falsedad documental. Tras denegarle la licencia de explotación en 2008 porque su nave quedaría demasiado cerca de la de su vecino, el querellante ha recurrido ese decreto del Ayuntamiento, pero todavía está pendiente de resolución. Ahora, los tribunales también tendrán que resolver la querella.