La alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales (PSOE), el anterior alcalde y presidente del PP en Huesca, Antonio Torres, y el ex secretario municipal, Pedro Martínez, han sido imputados por el juez por tres presuntos delitos de desobediencia judicial, falsedad documental y prevaricación, a raíz de una querella presentada por un vecino de Sariñena y ex concejal del PAR por la concesión de una licencia para una explotación porcina.

Según fuentes cercanas al caso, Mariano Martín, que formó parte de la corporación durante el mandato 2003-2007, interpuso una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) contra Torres, Canales, Martínez y el hasta el pasado martes edil del PAR en el consistorio sariñenense, Rafael Alastrué, si bien este no ha sido procesado por ninguno de los delitos por los que también fue denunciado.

La causa, que tiene su origen en la supuesta ilegalidad de una explotación porcina, está siendo tramitada por la Sala de lo Penal del TSJA, órgano competente al encontrarse entre los implicados Antonio Torres, diputado autonómico y, por tanto, aforado.

El juez tomó ayer declaración a la alcaldesa socialista, Lorena Canales, y está previsto que Torres y Martínez comparezcan el jueves 23. De hecho, el primero de ellos estaba citado ayer, junto a otros implicados y testigos, pero pidió un aplazamiento al coincidir con la celebración del pleno de las Cortes de Aragón. Aunque ninguno de los implicados quiso hacer valoraciones y prefirió esperar a la resolución del pleito, Alastrué aclaró que, si bien él no había sido citado, acudió ayer, junto a su abogado, al Tribunal Superior de Justicia en Zaragoza y fue eximido "por el propio juez" de cualquier responsabilidad.

En concreto, la querella criminal interpuesta es el quinto pleito que bajo la misma disputa mantienen el Ayuntamiento de Sariñena y el ex concejal demandante. El conflicto tiene su origen en el año 2004 e implica a un segundo vecino de la capital monegrina, José Luis Mazuque. De hecho, el litigio enfrenta a los dos vecinos al ser insuficiente la distancia existente entre las naves porcinas proyectadas por ambos.

Según las fuentes consultadas, la licencia del demandante, que todavía no ha iniciado la construcción, fue la primera de las dos en concederse, si bien más tarde pidió un cambio de orientación productiva (de cebo a cría) que implica la ampliación de la distancia mínima (de uno a dos kilómetros) y que, por lo tanto, afectó al primero, que ya tiene la granja edificada y en funcionamiento.

De los cuatro pleitos interpuestos con anterioridad a la querella criminal, dos han sido resueltos de forma favorable al ex concejal del PAR. En el primero de ellos, según las mismas fuentes, el demandante, que había pedido un cambio en la orientación productiva de su explotación, pedía que se llevara a cabo este trámite y solicitaba anular la licencia otorgada a Mazuque; y en el segundo, el fallo le daba la razón al anular la caducidad de la licencia que el Ayuntamiento de Sariñena había decretado.

Otro caso similar

Por otro lado, se da la circunstancia de que el Consistorio se enfrenta al mismo tiempo con otro caso muy similar, que, de nuevo, está basado en la licencia otorgada a una tercera explotación porcina y que se puso sobre la mesa durante el último pleno municipal, el martes. La corporación aprobó por unanimidad remitir el asunto a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.