"Por las chimeneas de Jánovas, Lavelilla y Lacort volverá a salir humo". Es el mensaje de esperanza de Lorenzo Giral, uno de los últimos niños nacido en Lacort antes de que su familia tuviera que abandonar el pueblo en los años 60. Pero para ver otra vez fuego en los hogares aún tendrán que pasar años. De momento, el proceso de reversión de los bienes expropiados para construir Jánovas, emprendido hace año y medio, tras descartarse el embalse en 2005, avanza a paso lento y probablemente acabe en el Jurado Provincial de Expropiación y en los tribunales.

La Confederación Hidrográfica del Ebro está tramitando 128 solicitudes de reversión. A algunos afectados todavía no les ha comunicado el precio que tendrán que pagar por sus propiedades y los que sí lo conocen están alegando y planteando valoraciones alternativas por su desacuerdo con la tasación hecha por Endesa Generación, actual titular de las fincas rústicas y urbanas.

Los antiguos propietarios llevan ya gastados 300.000 euros entre peritos y abogados, afirma José Manuel Giral, presidente de la Asociación de Afectados de Jánovas, que el pasado viernes presentó en Huesca el manifiesto "Por una reversión justa", para el que piden el apoyo de partidos políticos, asociaciones y personas a título individual.

De 301 a 8.888 euros

El manifiesto reclama que el precio de tasación se fije de acuerdo al valor real, en función del estado actual de las tierras y las casas abandonadas hace medio siglo. Por ello, están alegando el menoscabo y aportando informes periciales de arquitectos e ingenieros agrícolas para demostrarlo. Mientras, Endesa, reclama una actualización del dinero que recibieron en su día, lo que supone aplicar una variación del IPC entre el 2.000% y el 3.000%. Según la empresa, lo único que hace es aplicar el artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa.

La familia de Milagros Palacio recibió 301 euros y ahora le piden 8.888 por una finca que era de regadío, donde ahora ya no hay acequias. A la familia de los hermanos Lorenzo y José Manuel Giral, recuperar lo expropiado les costaría 153.265,59 euros, cuando el perito ha tasado estos bienes, más los que vendieron, en 18.879. Su padre recibió 6.000 euros, que se convirtieron en 9.000 tras años de pleitos.

Para José Manuel Giral, lo que tendría que haber hecho la CHE, encargada de tutelar el proceso, es "mandar los peritos a la zona para hacer una valoración real y actual", en lugar de "hablar por boca de la CHE". Esta institución, añadió, "aceptó la propuesta de precios de Endesa y se limitó a remitirla a los propietarios".

Otra de las reivindicaciones que figuran en el manifiesto pasa por la recuperación de todos los bienes afectados, tanto los que iban a quedar anegados por las aguas y fueron expropiados (hasta la cota 710), como los que fueron vendidos "ante la pérdida de los medios de subsistencia que tal situación entrañaba". El proceso de reversión solo permitirá recuperar los primeros. "Endesa dice que de esas propiedades ni hablar. Pero si te expropiaban una parte del patrimonio, no podías subsistir con el resto, tenías que venderlo e irte", aclara Carmen Lacambra, secretaria de la asociación.

Las ventas eran, según Fernando Sesé, uno de los socios más veteranos, "mal llamadas voluntarias". Él guarda una carta remitida a su padre por la Comisaría de Aguas en la que le instaba a llegar a un convenio amistoso en 15 días, o se enfrentaría a la expropiación. "Si después de medio siglo, tenemos que ir de juicios...".

Y probablemente el proceso acabará en los tribunales, afirma el presidente. Si hay desacuerdo con el precio, y de momento lo hay, resolverá el Jurado Provincial de Expropiación. Queda además la vía de la justicia ordinaria. "Esto puede suponer de 3 a 7 años".