Una juez anula un decreto de alcaldía que impedía facilitar ciertos datos al PP

La titular del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Huesca ha anulado un decreto emitido por el alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, que impedía trasladar al PP determinada información fiscal.

El grupo municipal popular pidió en febrero del pasado año al Ayuntamiento el resumen anual de las retenciones y del pago a terceros. En el documento 190 de Hacienda se reflejan las retenciones que hace el Ayuntamiento al cabo del año a todas las personas a quienes paga nóminas o servicios; y en el modelo 347 se contemplan aquellos proveedores, tanto personas físicas como jurídicas, del Consistorio que han cobrado más de 3.000 euros durante el año.

Ante esta solicitud, la alcaldía encargó a sus asesores jurídicos un informe para conocer si podían facilitar los datos, pero llegó más tarde del plazo de cinco días establecido por la ley a la Administración para entregar una información requerida. Es por ello que la sentencia, en base a esta circunstancia, ha anulado el decreto, dejando abierta la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El Ayuntamiento no quiso valorar ayer este asunto y simplemente recalcó que actúan "con transparencia" y que facilitan información. Además, matizaron que en este caso la Ley de Protección de Datos ampara a los funcionarios municipales y se están analizando los informes jurídicos emitidos para estudiar si recurren.

El que sí compareció ante los medios fue el portavoz del PP, Ángel Solana, que aseguró que la sentencia judicial le da el "derecho a obtener la información solicitada", por lo que volverá a requerirla.

Según explicó, con esta información el PP quiere comprobar todos los pagos de más de 3.000 euros realizados por el Ayuntamiento a lo largo del año a una misma persona o entidad; saber si se están fraccionando en varias adjudicaciones obras o servicios -algo que está prohibido-; conocer si se están pagando horas extras o gratificaciones a los funcionarios de acuerdo con la ley o "si está habiendo algún trato de favor". Otro aspecto que ha motivado la petición de estos documentos fiscales es comprobar al final del ejercicio el cumplimiento de los presupuestos; así como saber qué personal se ha contratado y por cuánto tiempo. "Queremos saber si el Ayuntamiento gasta con eficiencia y austeridad los dineros que recaudan de los ciudadanos", resumió Solana.

Por otro lado, el portavoz del PP criticó la actuación del alcalde por haber recurrido a informes externos para justificar su decisión de no entregar los datos solicitados por la oposición. "Creíamos que teníamos derecho a pedir esta información y recurrimos a la Justicia, que nos ha dado la razón", apuntó Solana.

Asimismo, pidió a Cosculluela que no recurra la sentencia y que destine "sus energías y gaste su tiempo y el dinero de todos los ciudadanos en atraer empresas y empleo para la ciudad, en vez de en obstaculizar la labor de la oposición, ocultar información a la oposición e impedir que podamos acceder a esta información".

Solana recalcó que la documentación pedida "no es ningún secreto de Estado ni tiene ninguna complicación". Además matizó que todos los concejales tienen la obligación de mantener la discreción y el secreto de la información que pueda perjudicar a terceros o al Consistorio.