"Estamos como empezamos, pero confía en que todavía se pueda llegar a un acuerdo que acate la legislación" dijo ayer el alcalde en relación al futuro del Polígono 14 de Huesca, una zona de la ciudad conocida popularmente como Fosal de Moros que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 dejó en blanco para que los propietarios del suelo y el Ayuntamiento negociaran para definir el número de nuevas viviendas, la reorganización de las calles y la ubicación de los espacios verdes.

Pero ocho años después nada se ha avanzado, se mantienen las discrepancias entre las partes y el tiempo corre en contra de los vecinos. Si el año que viene no se ha alcanzado un acuerdo, la ley obliga al ayuntamiento a decidir cómo será urbanísticamente el barrio. El polígono 14, entre el paseo de Ramón y Cajal y las calle de Balsas de Chirín, se configuró entre los años cincuenta y sesenta y mantiene una tipología en la que dominan las casas de planta baja o de planta baja más una y dos alturas así como espacios anejos a las viviendas que en su día se utilizaron como patios o corrales.

El alcalde, Fernando Elboj, ha enviado a cada uno de los propietarios afectados, constituidos en asociación, una carta en la que les insta a alcanzar un acuerdo, "que ha de ser en plazo breve". Según dijo, este acuerdo ha de lograrse antes del verano, ya que "en septiembre se entrarán en la recta final del mandato, cuando no es aconsejable que se tomen decisiones sobre planeamiento, y empezará la precampaña electoral".

Junto a la carta, Elboj ha enviado un informe técnico en el que resume la situación y menciona las "discrepancias importantes". Los propietarios apuestan por mantener lo que han denominado 'modelo histórico' de la zona, definiendo el suelo como consolidado y proyectando edificios en planta baja y hasta dos alturas, un modelo que, según Elboj, no permitiría modificaciones futuras de la edificabilidad.

Por su parte, el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, con la ley en la mano, establecen que el suelo es no consolidado y que así figura en la modificación aprobada del PGOU. Esta denominación sí permite modificaciones en cuanto a la edificabilidad, con los consiguientes beneficios en forma de plusvalías, y supone 'ventajas urbanísticas', aunque los propietarios deberían asumir las cargas de la urbanización, algo con lo que no están de acuerdo.