Una de las principales medidas anunciadas el miércoles por el presidente del Gobierno para reducir el déficit del Estado, rebajar los sueldos de los funcionarios un 5% de media en 2010 y congelarlos en 2011, afectará a casi 16.000 empleados públicos que trabajan en la provincia en las diferentes administraciones.

El grupo de empleados públicos con más peso entre los funcionarios pertenece a la Diputación General de Aragón, que tiene en la provincia una plantilla de 7.833 personas, casi la mitad del total, según el último Boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas. De ellas, 3.441 trabajan en Educación, seguidos de los 2.246 de la Sanidad, los 1.960 de consejerías y otros organismos dependientes y los 186 empleados de la Justicia.

El segundo lugar del ranquin de administraciones con más empleados lo ocupan las instituciones locales (ayuntamientos, diputación y comarcas), con 4.327 (2.207 mujeres y 2.120 hombres).

En tercer lugar se sitúa la administración estatal con 3.239 trabajadores. De ellos, el colectivo más numeroso es el de la Guardia Civil y la Policía Nacional (1.198), por delante de las Fuerzas Armadas (1.077), los empleados de ministerios y otros organismos y áreas vinculadas (817), otros entes públicos (89) y Justicia (58). Y en cuarto y último lugar se encuentra la Universidad, que cuenta con 497 empleados en Huesca.

En los últimos tres años, el número de empleados públicos se ha incrementado casi un 5% en conjunto, aunque hay diferencias más que significativas entre cada administración. Y es que si bien el Estado ha visto reducido en un 10% su plantilla de funcionarios, tanto las entidades locales (ayuntamientos, diputación y comarcas) como la DGA han aumentado sus empleados en un 14 y en un 10%, respectivamente.

El colectivo de funcionarios supone alrededor del 17% de todos los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social en el Alto Aragón, un porcentaje similar, por ejemplo, a todos los trabajadores de hostelería y comercios juntos, el doble que los de la construcción y un 50% más que todos los operarios de industrias.

Un ejemplo claro de la importancia que tienen estos empleados públicos en la economía local es la ciudad de Huesca, donde la pérdida de poder adquisitivo se trasladará a otros sectores económicos. Así lo cree el responsable de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, José María Allué, indignado porque "no se han beneficiado de los años de bonanza y ahora van a ser los paganos de la crisis, no los codiciosos, no los especuladores, que son los que la han provocado y sobre los que este Gobierno no ha tenido capacidad de influir".

En su opinión, pese a lo que se comenta en las tertulias de bar sobre el funcionariado, "la mayoría son mileuristas, y uno de cada tres con un trabajo en precario". Allué se pregunta si los "altos cargos y los asesores, que en Aragón tenemos muchos, van a ser solidarios".

Mariano Alcubierre, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO. recuerda que un empleado público es un médico, "pero también la persona que barre nuestras calles". "Hay muchos que no llegan ni a mil euros", afirma. Añade que va a suponer una recesión en el consumo, "a lo que se añadirá la subida del IVA".2.000 niños sin el 'cheque-bebé'

Por otra parte, la decisión del Gobierno de eliminar el 'cheque-bebé' de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2010 afectará a unas 2.000 personas cada año en la provincia, dada la media de nacimientos de los últimos años. Desde que se puso en marcha esta medida, se estima que la Agencia Tributaria -ayer no quiso facilitar los datos- ha pagado 11 millones de euros para conceder prestaciones a los más de 4.500 niños y niñas nacidas desde julio de 2007.