"Estamos manejando documentos oficiales y el servicio se paga con dinero público". Son los argumentos esgrimidos ayer por el comité de la empresa Fucoda para pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que intervenga y ponga orden en el Centro de Digitalización de Documentos, abierto hace un año en el Parque Tecnológico Walqa para informatizar 3,5 millones de expedientes y cuyas condiciones laborales están provocando numerosas quejas de los sindicatos.

La gota que ha colmado el vaso son las vacaciones forzosas impuestas de un día para otro a parte de la plantilla, aproximadamente un 30% de sus 220 trabajadores, justificadas por un parón productivo debido a los errores detectados en la digitalización de los documentos. El servicio lo gestiona, por encargo de la TGSS, una unión temporal de empresas (UTE) a la que este año la Administración del Estado pagará 9,5 millones de euros por el contrato, que acaba de prorrogar en abril.

Los representantes de los trabajadores denuncian que la organización "deja mucho que desear". "No se ha mejorado nada y ahora pagamos las consecuencias", señaló Ilich Ajates, miembro del comité de empresa de Fucoda. La Seguridad Social detectó errores en los expedientes informatizados, hasta el punto de que paralizó el envío de más documentos mientras no se corrigieran.

"Mala organización"

Para solventar el parón, tanto Fucoda como Indra y su subcontratista Synergi han obligado a parte de los trabajadores a cogerse vacaciones. La medida afecta sobre todo a los departamentos de logística y digitalización. "No entendemos por qué la Seguridad Social no se implica directamente como cliente", añadió Ajates. "Hay un montón de expedientes paralizados por estar mal hechos y no por culpa de los trabajadores sino por mala organización".

El propio director general de la TGSS, Javier Aibar, dijo en una visita reciente a Huesca que las empresas habían reconocido "errores" en la planificación, pero que la administración no podía "entrometerse" en la relación entre los trabajadores y las empresas a las que contrata un servicio.

El comité de Fucoda (Indra y Synergi no tienen representación) ha convocado para hoy una asamblea en la que planteará a los trabajadores las medidas legales a seguir. Baraja presentar una denuncia ante el Juzgado de lo Social por si se han vulnerado sus derechos. Según el comité, los trabajadores ven peligrar sus puestos, "se está jugando con sus expectativas, pero también con el dinero público".

Los sindicatos coinciden en que la Seguridad Social no puede permanecer de brazos cruzados. Fernando Gállego, secretario territorial del UGT, cree que su obligación es velar por la calidad del proceso de informatización de los expedientes (todos los de las provincias de Huesca, Zaragoza, Mallorca y Gerona) y que "no es normal que se le diga a un trabajador, mañana no vengas, te coges vacaciones, aunque se plantee como un mal menor por el parón productivo". José Gabarre, responsable de CC. OO. en Huesca, señala que "no se puede obligar a la gente a coger vacaciones sin más", y también culpó a la TGSS por "retirar de golpe el trabajo".

El desembarco en Walqa de la Seguridad Social, donde tiene alquilados 1.500 metros cuadrados, fue aplaudido por las instituciones, porque creaba empleo y abría la puerta a otros centros similares, como de hecho ha ocurrido con el Servicio Público de Empleo, que se prevé instalar este mismo año. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, viajó a Huesca para firmar un convenio con la DGA. Esta, como responsable del Parque Tecnológico, ha expresado su preocupación por las condiciones de trabajo del centro y las ha trasladado a la Seguridad Social.