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El Gobierno de Aragón invirtió 1,2 millones de euros en la empresa de Walqa que cierra

Mossec recibió además subvenciones por casi 350.000 euros del Ministerio y de la Consejería de Industria.

La empresa está ubicada en el edificio Félix de Azara de Walqa
El Gobierno de Aragón invirtió 1,2 millones de euros en la empresa de Walqa que cierra
RAFAEL GOBANTES

El Gobierno de Aragón ha añadido un nuevo nombre a la larga lista de empresas con capital público que han fracasado. El anunciado cierre de Mobile Segurity Software (Mossec), dedicada a la fabricación de dispositivos de seguridad para teléfonos móviles y actualmente en proceso concursal, va a dejar en la calle a 13 trabajadores, seis de su sede social en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca y siete de la sede comercial en Madrid.

 

La participación de la DGA en el capital de la compañía asciende a 1,2 millones de euros, y es a través de Aragón Desarrollo e Inversión (ADI), una de las siglas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Pero además, Mobile Segurity ha recibido importantes subvenciones, que el sindicato CC. OO. cifra en 342.000 euros, la última en el mes de marzo, de 198.000 euros.

 

En su página web, Mossec da cuenta de la media docena de subvenciones obtenidas desde su creación a finales de 2006, tanto del Ministerio de Industria en 2007 y 2008 para sistemas de I+D; como de varios departamentos de la DGA para gastos de instalación en Walqa o con cargo a las ayudas a las pymes de tres ejercicios (2006, 2007 y 2008), con el objetivo de desarrollar un software de seguridad para móviles y de acceso remoto a dispositivos móviles.

 

Mobile Segurity Software nació de la mano de varios promotores (el principal y socio fundador es Juan Santesmases), contando con Savia Capital Inversión como principal accionista. Tras la reestructuración de esta empresa pública de capital riesgo en 2008, ahora más del 70% de Mossec está en manos de Inverzona Dos, participada por IberCaja (50%), Aragón Desarrollo e Inversión (42%) y Telefónica (8%). La presencia indirecta de la corporación aragonesa se sitúa en un 30% y, según la entidad pública, el proceso concursal se debe a "problemas de negocios".

 

Fue el lunes cuando CC. OO. informó de la próxima presentación de un ERE de extinción de contratos, tras adeudar cinco mensualidades. Ayer, la secretaria provincial, Arancha García-Carpintero, achacó los problemas a la "mala gestión" y críticó la inversión de dinero público sin control, tanto a través del accionariado como de las subvenciones. "Mucho dinero público para una empresa que ha fracasado en tres años".

Despacho en la Castellana

García-Carpintero se ha reunido con los grupos de IU, CHA y PP en el Ayuntamiento de Huesca para que los partidos indaguen en "este despropósito". Según la dirigente sindical, la empresa no ha generado beneficios, pero sí "gastos muy importantes". Afirma que los directivos decidieron abrir un despacho en la Castellana, "con aires de grandeza". En su opinión, y por lo que le han transmitido los trabajadores, el producto "tiene grandes posibilidades, pero, a las puertas de que sea un éxito, cierran". Se trata de un programa para móviles que podría cuajar en un mercado cada vez más obsesionado con la seguridad, tanto por parte de organismos públicos como de empresas privadas.

 

El portavoz del Industria del PP en las Cortes, José Ignacio Senado, dijo que presentará iniciativas para que la DGA dé explicaciones. "Nos encontramos con una empresa a la que se dio toda la cobertura para potenciar las nuevas tecnologías, y hay 13 empleos que se pierden". También Adolfo Barrena, de IU, pedirá información porque "un dinero público debe garantizar el empleo".

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