Cuatro años de comisiones, tres estudios técnicos y cuatro borradores del pliego de condiciones son los datos que pesan sobre el nuevo servicio de autobús urbano que debe ponerse en marcha en Huesca al haber superado la ciudad la barrera de los 50.000 habitantes. Sin embargo, todavía no hay fecha para la entrada en funcionamiento de la red de transporte de viajeros que el Ayuntamiento debe establecer obligado por la Ley de Administración Local de Aragón.

Desde el mes de mayo se espera un informe municipal que certifique que la única oferta presentada al concurso para la adjudicación del servicio es idónea. Esta propuesta plantea un plazo de cuatro meses, a partir de la notificación, para que el servicio entre en funcionamiento. En el caso de que la decisión municipal se produjera en las próximas semanas, las nuevas rutas y vehículos no funcionarían hasta el año que viene.

Mientras, los usuarios siguen utilizando un transporte que está integrado en la red provincial de manera que las paradas en el casco urbano de Huesca están contempladas como hijuelas de la concesión Tierz-Chimillas y los sevicios al IES Pirámide y la Politécnica son anejos a la línea Robres- Huesca por Tardienta.

En estos momentos, el transporte urbano ofrece únicamente dos rutas y escasa frecuencia horaria. Solo uno de los dos vehículos colectivos que circulan por la ciudad tiene condiciones de accesibilidad. El Ayuntamiento, a partir de los estudios de la consultora Prointec, sacó a concurso el servicio, con más líneas y horarios y en el que se prevén unos costes anuales de algo más de un millón de euros y unos ingresos de 756.000 euros. De los casi 300.000 euros que desequilibranla balanza se harán cargo las arcas municipales.

En abril, la empresa Huesca Automóvil S.L., de la que es accionista mayoritaria Alosa (Automóviles La Oscense) y que tiene la concesión Tierz-Chimillas, presentó una oferta para hacerse con el transporte urbano durante 10 años. No hubo más. La propuesta planteó una importante rebaja sobre el coste del kilómetro, que el pliego estimaba en un máximo de 3,86 euros y que la oferta fijaba en 1,19 euros. La Mesa de Contratación acordó encargar un informe que despeje las dudas planteadas por la oferta. Después, quedará todavía otro informe complementario que debe redactar el Gobierno de Aragón para dar el visto bueno a la contratación, según explicó el concejal de Movilidad, José Manuel Ballarín. "Dada la complejidad de la oferta que nos han presentado, tenemos que valorar su idoneidad a través de informes técnicos", señaló.