El Obispado de Barbastro-Monzón ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la reversión de las propiedades que la Iglesia tenía en los pueblos que iban a ser inundados por el pantano de Jánovas. Como un afectado más, se ha sumado al proceso abierto el año pasado para la restitución de los bienes expropiados en su día para la construcción del embalse, una vez que se descartó definitivamente el proyecto.

El último plazo para pedir la reversión acabó el pasado lunes. En total, la Confederación ha admitido a trámite 105 solicitudes desde el pasado mes de diciembre.

El ecónomo del obispado fue el encargado de presentar hace un mes ante la CHE toda la documentación acreditativa de la titularidad de una docena de bienes, entre fincas agrícolas, viviendas y edificios religiosos. La diócesis de Barbastro-Monzón era uno de los principales propietarios afectados por la relación de bienes a ocupar por Iberduero en 1961.

En esa lista figuran cuatros fincas de cereal, algunas de regadío, que suman casi 10.000 metros cuadrados; huertas; cuatro viviendas, de 138 metros cuadrados la más pequeña y de 545 la más grande; e incluso un cementerio, el de Jánovas, con una superficie de 108 metros. Las viviendas eran sobre todo casas parroquiales, aunque al menos una de ellas estaba arrendada junto a un campo de cereal. La expropiación se hizo efectiva entre los años 1962 y 1964.

La diócesis quiere recuperar además las iglesias de los pueblos que fueron abandonados hace casi medio siglo, como Lacort y Jánovas. Los templos están parcialmente derruidos, aunque el de Jánovas todavía se mantiene en pie. De hecho, en él se celebró misa durante la última fiesta organizada por los antiguos vecinos.

Usos y rehabilitación

La decisión de pedir la reversión se adoptó en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos. "No tenemos aún un planteamiento de qué hacer con esas propiedades. Simplemente nos ofrecieron la posibilidad y nos acogimos, porque había un plazo de tiempo concreto para hacerlo, pero no sabemos qué haremos en el futuro", declaró el obispo, Alfonso Milián.

Una de las dificultades que plantea la restitución es afrontar el pago de los bienes cuando Endesa cuantifique su valor a día de hoy, ya que según ha adelantado la compañía, que compró a Iberduero los derechos de aprovechamiento del río Ara, los expropiados deberán pagar el precio actualizado, lo que puede suponer multiplicar por 30 el dinero que cobraron. Fuentes del obispado manifestaron serias dudas de que la Iglesia pueda hacerse cargo de esa cantidad, aunque reiteraron que no se ha querido quedar al margen del proceso de reversión.

Un segundo problema es la rehabilitación de los edificios religiosos, sometidos a un imparable proceso de ruina desde que se despobló la zona en los años 60 del pasado siglo. En la iglesia de Jánovas, por ejemplo, se retiraron las losas de pizarra de la cubierta. En estos momentos, según la diócesis, "ninguna está preparada para el culto".

Uno de los motivos que ha animado a solicitar la reversión es la preocupación por el uso que se pudiera dar a las iglesias si quedaran en otras manos, pensando en otros pueblos afectados por embalses que luego devolvió la Confederación. En concreto, desde el obispado citaron el caso de Morillo de Tou, cedido a Comisiones Obreras y convertido en un centro vacacional, donde la iglesia se reformó como discoteca. "A la gente de los pueblos de Jánovas no les gustaría eso. Tememos que esas iglesias se vendan y monten allí un negocio".

Escuelas, calles y acequias

Los bienes de la Iglesia se quedan cortos en comparación con los que pide el Ayuntamiento de Fiscal en un anexo de 30 folios donde figuran todo tipo de propiedades, adscritas entonces a las alcaldías de Albella, Jánovas y Burgasé, hoy municipio de Fiscal. En ese inventario hay antiguas herrerías, los edificios de los ayuntamientos, las escuelas de los pueblos y una larga relación de servicios públicos que incluyen caminos, calles y acequias.

"De momento, hemos entrado en el proceso como un afectado más, porque el Ayuntamiento tiene interés en recuperar lo que fue suyo", señaló el alcalde de Fiscal. Manuel Larrosa sabe que el momento más delicado llegará al negociar el precio, y cree que Endesa deberá tener en cuenta que se trata de bienes públicos "que no pedimos para especular sino para ponerlos al servicio de los ciudadanos, de los que ya habitan aquí o de los que puedan venir". "Hemos pedido las calles, pero si hay que recuperar los pueblos, hay que rehacerlas", añadió.

Desde que se dio luz verde a la reversión, el Ayuntamiento ha reivindicado que se tengan en cuenta los graves perjuicios que el proyecto implicó para el territorio. "El desarrollo de este municipio ha estado condicionado durante décadas por el pantano, soportando una gran carencia de servicios y una masiva despoblación". El alcalde pide ahora que se le compense de alguna manera, al margen del plan de desarrollo previsto en la ley de 2005 que desestimó el embalse, un plan pensando como reconocimiento de una deuda histórica.