Los promotores recurren el fallo que anula el convenio urbanístico de Doctor Artero

La urbanización del Área 3, una zona de 37 hectáreas situada a ambos lados de la avenida de Doctor Artero, está de nuevo en los tribunales. La promotora Orusa ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca que anula el convenio firmado entre ésta y el ayuntamiento para la construcción de 1.471 viviendas en esa área.

A finales de enero, el juez falló a favor de los recursos presentados por los pequeños propietarios del Área 3 al considerar que el convenio urbanístico firmado en junio de 2006 no cumplía los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana en cuanto al porcentaje de viviendas unifamiliares. El PGOU requiere para esta área que un mínimo del 20% de la edificabilidad sea de tipología unifamiliar mientras que el convenio solo reserva para un 8,16%.

Orusa, codemandada junto con el ayuntamiento en el contencioso, ya pidió una aclaración de la sentencia en el sentido de que en ésta se recogiera la "estimación parcial, del recurso", es decir que solo quedara anulada la parte del convenio que infringiera la legislación, dejando el resto como válido. Pero el juez contestó que no había lugar a esta aclaración, ya que la sentencia, independientemente de que diera la razón a los demandantes solo en uno de los ocho motivos expuestos, anulaba y dejaba sin efecto el convenio.

El Ayuntamiento anunció que no iba a recurrir el fallo. El propio alcalde, Fernando Elboj, definió el dictamen judicial como un "pequeño condicionante" que no sería obstáculo para llevar adelante una operación urbanística que implica el soterramiento de la subestación eléctrica situada en esta avenida. Del convenio también dependían otras obras importantes para la ciudad como la prolongación de la ronda de la industria y la unión de la calle de Fraga con el paseo de Lucas Mallada, dos proyectos que tras la sentencia del Contencioso se quedaron sin financiación.

Elboj manifestó su confianza en que la adaptación del PGOU a la nueva Ley del Suelo y una renegociación del convenio reconducirían el proceso de urbanización en un plazo relativamente corto. Sin embargo, Orusa, ha presentado una apelación ante el TSJA que puede demorar la solución del conflicto unos dos o tres años.

La promotora alega que la sentencia, que entendió vulnerado el principio de jerarquía por incumplimiento del PGOU, equivoca lo que son previsiones orientativas e imperativas en un plan general "calificando el porcentaje de viviendas unifamiliares en parcelas de 400 metros cuadrados como imperativo cuando no lo es".

Los apelantes entienden que en sus planes urbanísticos no ha sido ignorado ningún precepto de obligatorio y directo cumplimiento del PGOU y que, por tanto, no se han contravenido los artículos de la Ley Urbanística de Aragón utilizados en la sentencia como fundamentos para anular el convenio. Asimismo, argumentan que si se aplicase la condición que impone la sentencia de construir el 20% de las 1.471 viviendas (294) en parcelas de 400 metros cuadrados no habría suelo suficiente para todas ellas ni para construir el 80% restante de viviendas colectivas, "ya que el 73% del suelo del área revierte a la ciudad como sistemas locales".

El abogado que representa a los pequeños propietarios a los que dio la razón el Contencioso, Clemente Sánchez-Garnica, manifestó que "aunque el asunto se podría reconducir, están en su derecho de apelar, pero nos opondremos con todas nuestras fuerzas".

Por su parte, el gerente de la Federación de Asociaciones de la Construcción, Manuel Torres, comentó ayer que habrá que esperar a la tramitación del Decreto Ley para ver como afecta a estos suelos. "Desde la Federación ofrecemos nuestro apoyo para facilitar que esa modificación del PGOU y nuestra colaboración para evitar que surjan problemas en la gestión de los suelos", afirmó.