El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia que invalida el convenio de Doctor Artero

El Ayuntamiento de Huesca no recurrirá la sentencia que anula el convenio urbanístico del Área 3-Capuchinas, que prevé la construcción de 1.471 viviendas a ambos lados de la avenida de Doctor Artero, en la salida de la ciudad hacia Ayerbe. Pese a que supone un nuevo revés para esta operación urbanística, defendida por el alcalde ya en el anterior mandato, Fernando Elboj calificó el fallo judicial como un "pequeño condicionante" que no será obstáculo para llevarla adelante.

El convenio entre el Ayuntamiento y los promotores privados, aprobado por el pleno el 29 de junio de 2006 con los únicos votos del PSOE, fue impugnado por un grupo de pequeños propietarios a los que ahora el Juzgado Contencioso-Administrativo de Huesca da la razón al estimar su demanda contra el Ayuntamiento -como codemandado figuraba la promotora Orusa- por no respetar el porcentaje de viviendas unifamiliares, ya que se reservaba un 8,16% cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) exigía un 20%.

El juez desestima otros motivos de impugnación, como la ausencia de referencia al interés general, que el porcentaje de propietarios adheridos al convenio era insuficiente o la infracción a la normativa ambiental en relación a la subestación eléctrica, cuyo soterramiento está incluido en el acuerdo. Sin embargo, no solo anula la parte referida a las viviendas unifamiliares sino la totalidad del convenio, tal y como constata el informe realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento por encargo del alcalde tras conocerse la sentencia.

El del Juzgado de lo Contencioso es el segundo revés legal que recibe la operación urbanística de Doctor Artero en pocos meses. Un decreto de la DGA para adaptar la normativa estatal en materia urbanística obliga ahora a los promotores a construir un 40% de viviendas de protección oficial, en lugar del 25% recogido en el convenio del Área 3.

Cambios en el PGOU

El alcalde, que en este mandato ha asumido la delegación de Urbanismo, aseguró ayer que el Ayuntamiento ya trabaja junto con el Gobierno de Aragón para modificar la actual calificación de suelo urbanizable no delimitado del Área 3, que pasará a ser urbanizable delimitado. Los cambios que es necesario introducir en el PGOU de 2003 suponen un proceso "relativamente corto".

La obligación de incrementar el porcentaje de viviendas unifamiliares es "un pequeño condicionante", no una razón de fondo, aseguró Elboj, que está convencido de que "esta cuestión se corregirá de forma inmediata, no tiene ninguna complejidad". El responsable municipal cree que tampoco será un obstáculo el cumplimiento de la normativa autonómica que incrementa el porcentaje de VPO hasta el 40 por ciento, aunque reconoce que tendrá implicaciones económicas en la operación.

Haciendo referencia a la actual crisis del sector inmobiliario, el alcalde dijo que los promotores y constructores están deseando que las administraciones pongan en marcha suelo para desarrollar VPO, "que les va a permitir seguir teniendo su negocio activo y generando empleo", dadas las dificultades de la vivienda libre .

La operación es "viable"

Por su parte, la propiedad todavía no han decidido si recurrirá la sentencia, teniendo en cuenta que una apelación demoraría la solución 2 o 3 años. En todo caso es consciente de que el convenio deberá modificarse para hacer más unifamiliares y más VPO, "y por lo tanto cambia el marco económico", pero la operación sigue siendo "viable", señalaron fuentes de los promotores. "Si se quiere el cumplimiento estricto del 20% de viviendas unifamiliares, habrá que subir la altura en el 80% restante de las colectivas", precisaron. Según estas mismas fuentes, el plan no está en peligro y la disposición de los propietarios del suelo es "clara". "Son dos inconvenientes importantes, pero se pueden salvar".