La Asociación Stop Sucesiones y Plusvalía firmó ayer en Huesca sendos convenios con la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca y la Federación de Polígonos Industriales (FEPI) de Huesca por el cual estos colectivos se suman a la campaña de recogida de firmas para conseguir la eliminación o la máxima reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma aragonesa.

Los establecimientos y empresas identificados con un cartel tendrán a disposición de los clientes información y hojas para recoger firmas.

El presidente de la asociación, Francisco Langa, volvió a denunciar la "discriminación fiscal" que hay en Aragón en relación con otros comunidades autónomas, de manera que por una misma herencia, los herederos aragoneses tiene que pagar 154.000 euros, frente a los 1.500 que abonarían los madrileños o los 150 que pagarían los canarios.

Ante la negativa del Gobierno autonómica de rebajar este impuesto, "algo que sí está en su mano", Aragón Stop Sucesiones se ha propuesto recoger el mayor número de firmas posible en el año y medio que queda hasta las próximas elecciones autonómicas. Se trata de convencer a los partidos de que incluyan la solución a esta "aberración fiscal"en sus programas electorales.

El PP planea exonerar el 95%

Precisamente ayer, el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, anunció en Huesca que su partido proyecta plantear en el programa para las próximas autonómicas una exención de hasta el 95% en el impuesto de Donaciones. Además, criticó la política fiscal del Gobierno aragonés porque "la excesiva presión frena el consumo, y por tanto, afecta a la actividad económica y al ingreso de recursos en las administraciones.

Durante la firma del convenio, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Isabel Claver, afirmó que Aragón "es la Comunidades en la que más se paga por el impuesto de sucesiones". Según dijo, es "una total injusticia" ya que supone que "después del esfuerzo de los padres y familiares por dejar a sus herederos un futuro mejor, los ciudadanos tengamos que pagar esas cantidades".

Por su parte, el presidente de la FEPI, Ignacio Almudévar, manifestó que "no puede haber más injusticia que esta desigualdad entre ciudadanos españoles" y comentó que no quiere ver "compañeros empadronados en otras comunidades ni empresas que se planteen dejar esta tierra". También cuestionó que Aragón no haya sido el destino prioritario de las empresas catalanas que han salido de su Comunidad tras el desafío secesionista.