«La CHE tiene que reconocer que las cosas están mal hechas, que el embalse no se puede construir por las graves afecciones que existen, y dedicarse a buscar una alternativa que seguramente sería más barata y más viable ambientalmente», señala el alcalde de Biscarrués, José Torralba (CHA), que el pasado lunes destapó la caja de truenos al hacer público el informe de un técnico del Cedex, organismo oficial encargado de hacer estudios para los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. El documento fue filtrado al Ayuntamiento y este lo aportó al expediente.

Torralba no ha sido citado aún por el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Huertas, que ya ha recibido a los regantes, anunció una ronda de contactos con los afectados y pidió nuevos informes a la Confederación Hidrgráfica del Ebro.

Pero el alcalde cree que «no se puede estar eternamente pidiendo información complementaria a la CHE, el promotor, porque eso desvirtúa la exposición pública».

Tanto el Ayuntamiento como la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos llevan años luchando contra un proyecto que, dicen, se construye para beneficio de los regantes en detrimento de otro territorio que vive del río.

Coinciden en que a la vista de la documentación conocida esta semana «no queda otra que hacer una declaración de impacto negativa».

Los vecinos de la zona quieren «que se decidan de una vez» para acabar ya con esta hipoteca, comentan el concejal Antonio Estachod y el alguacil de la citada localidad altoaragonesa, Fermín Ortas, junto al lugar donde se construirá la presa.

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) advierte de que el embalse cambiará las condiciones del tramo fluvial situado entre las presas de Ardisa y La Peña. Actualmente, está embalsado el 31%, pero con el proyecto pasará al 69%, con graves afecciones a todo el ecosistema.

Además, el estudio firmado por el ingeniero de Montes Juan Manuel Varela, jefe del área de Ingeniería Ambiental, que nunca llegó a ser asumido como oficial, indica que se pierde buena parte del tramo apto para el rafting y otros deportes de aguas bravas.

«El objeto del proyecto es fomentar los regadíos de los Monegros para mejorar la economía de esa zona y, supuestamente, fijar población.

Por lo tanto, se plantea una actuación que beneficia a una población en detrimento de otra», señalaba.