El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró este lunes en la Audiencia Nacional que el avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles, no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente, informaron fuentes jurídicas.

El ex alto cargo del Ministerio de Fomento compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que el Ministerio de Defensa encargó a la agencia de la OTAN Namsa para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.

Rodríguez Gil señaló que su departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak-42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias. Un informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003 por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España.

La aparente contradicción podría deberse, según explicó Rodríguez Gil, a que el aparato contara con un permiso correspondiente a un vuelo comercial anterior al de Afganistán y que, por tanto, no sería válido para misiones militares. También señaló la posibilidad de que el avión únicamente tuviera un certificado de aeronavegabilidad de las autoridades de Ucrania, país al que pertenecía la compañía propietaria, UM-Air.

El certificado de aeronavegabilidad permite a Aviación Civil solicitar la documentación de los aviones que realizan vuelos comerciales en España y realizar inspecciones aleatorias para comprobar el estado de los aparatos, según explicaron las citadas fuentes, que indicaron que el viaje en el que se produjo el siniestro no se sometió a esta normativa.

Fortún no pudo ser preguntado por esta cuestión porque compareció en el juzgado antes que el responsable de Aviación Civil. Por ello, las defensas de los familiares de las víctimas se plantean pedir a Grande-Marlaska que le vuelva a citar como testigo.