Escucha adeuda 2,3 millones al Gobierno central por subvenciones de la minería

No solo debe al Gobierno central una subvención de 368.643 euros (incluidos los intereses) de una revegetación de una escombrera que nunca se acometió y de la que se desconoce su destino real. En total, incluida esta, el Ayuntamiento de Escucha adeuda 2,3 millones de euros por ayudas y sus intereses de demora de otros dos proyectos más. Aunque estos sí se acometieron (uno fuera de plazo), la inversión justificada fue menor de la cantidad concedida. Y desde 2001, el Ministerio de Economía reclama al consistorio este dinero.

En la época en la que se otorgaron las subvenciones (1996) y, en la que por tanto, se debían haber invertido completamente, se encontraba al frente del Ayuntamiento el socialista, también médico de la localidad, Luis Fernando Marín, quien fue inhabilitado por un año de cargo público por negociaciones prohibidas y condenado a dos años de cárcel por revelar secretos médicos de un edil de CHA.

El actual alcalde, Javier Carbó, explicó que actualmente el municipio negocia con Madrid una solución. Entre otras, ha llegado a plantear abonar en plazos y durante varias décadas la deuda, pero admitió que "las posibilidades de pago son complicadas". Hay que tener en cuenta que para un ayuntamiento con un presupuesto de 2 millones de euros, devolver este dinero supone hipotecar el futuro de sus arcas. Además, dichas ayudas se concedieron de forma anticipada y con el correspondiente aval. Por tanto, el Gobierno central puede ejecutar esos avales, lo que sería -en palabras de Carbó- "una catástrofe para la localidad". De momento, ya están pagando 6.000 euros anuales por los intereses de estos avales. Carbó denunció que "los dineros del Miner, además de no usarse para los fines previstos, no han tenido ningún control". "Se han utilizado como pago de valores, para tener a todos acomodados y garantizar las mayorías absolutas", criticó.

La revegetación de la escombrera de Valle de Cenizas es la que más cuantía supone, 947.328 euros (1,5 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses). Según consta en la resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la escombrera debía estar arreglada en 1998 y en 2001 ya se comunicó al consistorio que se habían incumplido las condiciones de la concesión. Primero, porque las obras no se ejecutaron en plazo y segundo, porque este proyecto se licitó por un presupuesto máximo de 589.592 euros cuando la ayuda concedida era 947.328 euros. Economía reclama el montante total.

En el caso del museo minero, la situación es similar. La actuación se llegó a hacer, pero como consta en la resolución del Ministerio de Economía, "se justificó menor inversión" de la que se fijaba y una parte de ella, se verificó "fuera de plazo". Por eso, se pide el reembolso de 287.213 euros más los intereses (es decir, 342.777 euros) de los 949.042 totales.

A estas dos cantidades hay que sumar la de la escombrera de Pedrihuela, que como público ayer este diario, nunca se llegó a hacer. Según explicó el entonces alcalde, Luis Fernando Marín, la expropiación para una carretera que construía la DGA "influyó" en este proyecto de revegetación. Obras Públicas, cuyo titular era entonces el socialista Javier Velasco, construyó dos kilómetros de carretera sobre la escombrera en 2006, mientras Escucha trataba de justificar su no inversión.

Una deuda "caducada"

Por su parte, el ex alcalde Luis Fernando Marín aseguró ayer que estas deudas ya han "caducado" y negó que Madrid las siga reclamando "porque -según él- no ha habido ninguna comunicación más". En 2008, su sucesor José Julio García presentó un contencioso en el que argumentaba que la comunicación de la liquidación se había llevado a cabo en un plazo superior a los cuatro años fijados por ley, por lo que había prescrito.

No obstante, el actual equipo de gobierno PP-CHA aseguró que ha mantenido más de tres reuniones con el Gobierno central para tratar de solventar la deuda. Marín también recordó que estas ayudas eran para el 50% de la inversión total. "Desde la DGA nos dijeron que cogiéramos todas las ayudas, que ellos las complementarían", señaló. Sobre el destino de las subvenciones, explicó que los alcaldes "ni cobran ni pagan" y que "todo acaba en los presupuestos, nadie se lleva nada". Sin aclarar nada más.