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SANIDAD ARAGÓN

El Supremo anula una oposición de 1997 en la que la DGA contrató a 163 médicos

La sentencia la declara "ilegal" porque no respetó la igualdad de méritos y capacidades.

Once años ha costado, pero una sentencia da la razón a decenas de médicos de familia que, fruto de unas oposiciones convocadas en 1997 y celebradas entre 1998 y 2000, acabaron por emigrar a otras Comunidades o consiguieron peores destinos que otros galenos. Algunos de ellos, a día de hoy, aún no han obtenido una plaza fija, después de seis años de estudios, otros tres de especialidad y varios de experiencia.

Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc) que recurrió en su día esta oposición "por no cumplirse las condiciones de igualdad de mérito en el acceso a las plazas de medicina de familia". En concreto, denunciaban que se valoraban de forma "desproporcionada" los méritos de antigüedad en la plaza interina en Aragón y se "ignoraba" la posesión del título de médico especialista en Medicina Familiar y los servicios prestados en sus puestos de trabajo.

El TS ratifica así lo que ya dictó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero que fue recurrido por la Diputación General de Aragón. El Supremo falla a favor de la sociedad científica, y en contra de la DGA e insta a anular la totalidad de la oposición celebrada y el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Es decir, habrá que buscar una solución para un nutrido grupo de profesionales con el título de Medicina Familiar que vieron cómo no se valoraban sus méritos -ni profesionales ni formativos-, y o bien no consiguieron una plaza y tuvieron que emigrar o consiguieron una dentro de Aragón pero mucho menos valiosa que lo que hubiera sido lo justo.

Además, la sentencia implica que, en último extremo, los 163 médicos que tomaron posesión de su plaza podrían tener que abandonarla. Es decir, volverían a la situación de interinidad o bolsa de trabajo y la DGA tendría que volver a convocar una nueva oposición en la que se considerase adecuadamente la igualdad de mérito y capacidad para el acceso a las plazas de la función pública.

La presidenta de Samfyc, Isabel Monreal, y el ex presidente que, a además, interpuso la demanda, Javier Perfecto, han solicitado una reunión urgente con la Dirección General de Función Pública. La sentencia se refiere a una época en la que aún no se habían consumado las transferencias, y las oposiciones fueron convocadas por la Dirección General de Recursos Humanos (lo que hoy sería la de Función Pública). Por eso la sentencia ha ido remitida a esta Dirección, que está estudiando qué medidas adoptar.

Plagado de irregularidades

La oposición buscaba, prioritariamente, consolidar el empleo de los interinos, en una época en la que estos habían ido accediendo sin procesos regulados y después de 15 años sin oposiciones (desde 1982).

El elevado paro que se sufría entre los profesionales de la Medicina, el hecho de que unos tenían especialidad de medicina familiar y otros no y la lejanía de la anterior convocatoria ofrecía un panorama difícil de asumir, pero que, según la Samfyc, "se abordó de la peor manera posible".

La oposición se sustentaba en la Ley 11/97, que si bien establecía ciertas ventajas hacia los interinos, incluía "el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad", algo que, como el Supremo ha ratificado, no se cumplió.

El proceso se alargó dos años, y hubo tres ejercicios: uno para temas, otro tipo test y un último de casos prácticos. No obstante, las denuncias y recursos interpuestos por supuestas irregularidades y tratos de favor surgieron sin cesar, judicializando el proceso hasta el extremo.

En la prueba de temas solo hubo que estudiar 40, mientras lo normal eran entre 70 y 80 para oposiciones de este tipo. El segundo trámite fue un test de respuesta múltiple en el que no contaban los errores, por lo que, como muchos sostienen, incluso alguien que no hubiera hecho Medicina podía salir airoso, gracias a las leyes de la probabilidad.

Además, en el último, se defendía oralmente un caso práctico y muchos recuerdan cómo "a los interinos no les cuestionaban nada, mientras que hacia el resto eran todo pegas". Hubo denuncias a los miembros del tribunal y se elevaron otras, además de la de la Samfyc, que aún están pendientes. Finalmente, la toma de posesión de quienes obtuvieron plaza fue en primavera del año 2000.

Los agraviados insisten en que "el daño fue tremendo". Belén Benedé, médico de familia más joven que la promoción que intentó optar a esta oposición de 1998, recuerda que para sus compañeros y ella misma supuso un cambio de rumbo. "Todo estaba hecho para que no entrara nadie de menos de 35 años. La mayoría de mis compañeros, después de estudiar aquí seis años y de formarse otros tres en la especialidad, se fueron a Cataluña y a otras Comunidades. Diez años después, los que se marcharon tienen plazas fijas. Yo regresé, después de una época en Lérida, y soy refuerzo", concreta.

"Hubo un pacto político"

Además, de la poca limpieza del proceso en muchos aspectos, uno de los asuntos que más clamó al cielo fue el de que no se reconociera a los más jóvenes su título en Medicina de Familia, del que los más veteranos carecían, porque antes no era necesario.

Fernando Barrera Linares era en aquel momento representante de los médicos en desempleo de Samfyc. Afectado directamente por la oposición (tuvo que exiliarse a Jaén, donde hoy ocupa un puesto relevante), encabezó una lucha que le llevó a Las Cortes de Aragón y a elevar sus quejas al Justicia de Aragón.

"El Consejo Interterritorial ya había acordado que quienes tuvieran la especialidad se les darían puntos por entre 6 y 8 años de trabajo. Pero en Aragón se obvió, aunque nuestro contrato era laboral y formativo. Aquí contó cero puntos. Solo les interesaba coger a los interinos y a los demás no se nos daba ni un mísero punto por nuestros méritos", insiste.

Tampoco tiene pelos en la lengua al recordar una reunión que mantuvo con el anterior consejero del ramo, Fernando Labena y el gerente del servicio de Salud, Víctor Longás. "Los dos políticos reconocieron que habían llegado a un pacto político con los interinos presentes en sindicatos de la sanidad y partidos políticos para cogerlos a todos. No sé cuál sería la contraprestación", recuerda Barrera.

"Tanto es así que se estableció una cláusula que preveía que, en el caso de que algún interino no lograra entrar, sería urgente conseguirle un trabajo relacionado con su sector y actividad. Fue clamoroso", concluye Fernando.

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