Lo anunciaron a finales de 2006 y han tenido que pasar casi tres años para que el Servicio Aragonés de la Salud (Salud) impulse por fin el decreto que regula el derecho a la segunda opinión médica. De momento, el proyecto permanecerá en exposición pública un mes, para que los agentes y entidades sociales aragonesas puedan presentar alegaciones. No obstante, todavía no se han dado fechas para que pueda comenzar a aplicarse.

Tal y como explica el decreto, recogido en la web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es), a raíz de esta normativa los pacientes podrá requerir más información para "afianzar la seguridad de su decisión" y con el objetivo "de prestar una mejor asistencia sanitaria". Este derecho estará al alcance de quienes se sometan a operaciones quirúrgicas o tratamientos complejos, como la confirmación de alternativas terapéuticas de neoplasias malignas, enfermedades coronarias avanzadas o cardiopatías congénitas, entre otras. Asimismo, podrán tener esta posibilidad de elección los que padezcan una enfermedad rara.

Según explica el decreto, el facultativo emitirá una segunda opinión ateniéndose a los informes y pruebas diagnósticas y terapéuticas contenidas en la historia clínica realizadas por el servicio que haya emitido el primer diagnóstico. No obstamte, "el paciente podrá ser citado si el centro que vaya a emitir esa segunda opinión apreciara la necesidad de valorarle presencialmente o de solicitar nuevas pruebas".

Se establece, además, un límite de resolución de esa segunda visión médica. El Salud pone un plazo de 15 días para elaborarlo. En todo caso, si esta opinión difiere a la inicial será el paciente el que elija la alternativa que prefiera.

El derecho a tener una segunda opinión médica viene recogido en la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, que establece el derecho de los ciudadanos a la segunda opinión médica en los términos que reglamentariamente se determinen, para fortalecer la básica relación médico-paciente y complementar las posibilidades de la atención. La verdad es que no son muchas comunidades las que hayan puesto en práctica y ofrezcan a los pacientes esta posibilidad, aunque está el ejemplo de Andalucía que sí que lo ha llevado adelante.

Otras cuestiones pendientes

Pero si el derecho a una segunda opinión médica acumula años de retraso, también está en una situación similar el decreto que anunció el Salud y que establecerá el tiempo máximo de espera para una prueba diagnóstica o una consulta. En concreto, esta normativa establecería que si un paciente no ha logrado una primera cita con su especialista (ginecólogo, dermatólogo, traumatólogo...) en 60 días, el Gobierno de Aragón tendrá que pagarle la consulta en el sector privado. Será 30 días en el caso de una radiografía, una analítica o alguna prueba diagnóstica.