El recorte salarial del 15% incluirá a altos cargos de empresas públicas

La rebaja del 15% en el salario de los altos cargos no afectará solo a la función pública, sino que se extenderá a los directivos de las empresas públicas, que verán también su nómina reducida a partir del próximo mes de junio. La medida, que fue anunciada ayer tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, fue confirmada desde la Diputación General de Aragón.

Sin embargo, el recorte salarial del 5% de media anunciado para los empleados públicos no afectará a los trabajadores del sector empresarial autonómico ni al estatal al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva. La DGA pretende atenerse estrictamente a las consignas del plan establecido por el Gobierno central, a la espera del Consejo de Ministros del próximo jueves que apruebe el decreto ley con el recorte salarial, cuya aplicación práctica sigue sin estar clara, sobre todo en lo que hace referencia a si la rebaja en la nómina afecta a la antigüedad u otros conceptos. Según fuentes del Gobierno aragonés, hace falta armar ahora con la suficiente solidez jurídica una medida de esta naturaleza, algo que ya fue puesto en duda ayer por el portavoz parlamentario del PP, Eloy Suárez.

De la Vega añadió que se verán afectados por la rebaja salarial "todos los empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales", que dependan de las diferentes administraciones públicas (central, autonómica y local). Los sindicatos han reclamado que se aclaren todas estas cuestiones puesto que sumen en la incertidumbre a más de dos millones y medio de personas, de los que cerca de cien mil son empleados públicos que trabajan en Aragón.

Además, la DGA está pendiente de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está previsto celebrar en la semana posterior al 24 de mayo. Será entonces cuando se conozcan todos los detalles sobre otra de las medidas anunciadas por Zapatero: el reparto del ahorro de 1.200 millones de euros que el Gobierno ha pedido a entidades locales y gobiernos autonómicos. Fuentes de la DGA destacaron que la Administración autónomica ha agotado su margen de recorte del gasto corriente, con unos Presupuestos para este año que ya se redujeron en dos puntos a diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas.

La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, consideró ayer que tanto el Gobierno central como el de Marcelino Iglesias deben "meter la tijera" en los gastos que son "improductivos" y también en los asesores, teniendo en cuenta que muchos de ellos ni siquiera acuden a su puesto de trabajo. Respecto a la bajada de sueldo de cargos públicos, opinó que "son medidas que dan ejemplo y en época de crisis siempre es bueno". Por otro lado, el pleno del Consell de Valencia acordó ayer la fusión o extinción de un total de 15 empresas públicas o fundaciones con capital de la Generalitat, lo que supondrá un ahorro para este año de 115 millones de euros.