JUSTICIA

El PP pide más personal para la «avalancha» de peticiones de custodia compartida

La portavoz del Grupo Popular de las Cortes de Aragón en materia de Justicia, Yolanda Vallés, dice que los juzgados de familia están «colapsados».

La portavoz del Grupo Popular de las Cortes de Aragón en materia de Justicia, Yolanda Vallés, ha reclamado este miércoles al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Ejecutivo autónomo que dote de más personal a los Juzgados de Familia para atender mejor la próxima "avalancha" de peticiones de custodia compartida.


Los populares han registrado una proposición no de ley en este sentido. En rueda de prensa, Yolanda Vallés ha explicado que la Ley de Custodia Compartida da un plazo de un año, a partir de septiembre de 2010, para poder solicitar la revisión de los convenios que regulan la relación de los padres separados con los hijos cuya custodia no tienen.


Así, Vallés ha señalado que se va a producir, en los próximos meses, una «avalancha» de peticiones de revisión, lo que ya ha elevado a seis meses los plazos de fijación de los señalamientos para estas vistas en los Juzgados de Familia, lo que a su vez ha aumentado a ocho o, incluso, nueve meses las fijaciones de señalamientos en toda la jurisdicción civil. A día de hoy estos juzgados están «colapsados», ha dicho la diputada.


Yolanda Vallés ha reclamado, con su iniciativa parlamentaria, al Departamento que dirige Rogelio Silva que elabore un plan de apoyo para dotar de más personal estos Juzgados de Familia, no solo con personal para los servicios de mediación y valoración, sino para asistir directamente a los jueces.


La parlamentaria turolense ha recordado que los conflictos familiares «se suelen enconar» si no se solucionan judicialmente en un plazo razonable y ha subrayado que es la Comunidad Autónoma la que tiene la competencia en materia de Justicia, por lo que también ha pedido, mediante la mencionada proposición no de ley, aumentar el número de empleados de los servicios de mediación familiar.


La iniciativa del PP exige que el Gobierno de Aragón convenie con los colegios profesionales pertinentes, en especial con el de psicólogos y el de trabajadores sociales, un refuerzo en los servicios de asesoramiento, informe y peritaje de los Juzgados de Familia.