El PAR quiere que las menores solo puedan abortar con permiso y no le apoya nadie

Ninguno de los grupos parlamentarios de las Cortes respalda, de momento, la proposición de ley presentada -en solitario- por el PAR que pretende que los padres presten "asistencia" a las menores de edad aragonesas cuando decidan interrumpir el embarazo voluntariamente y que obedece más bien a una forma de dejar claro un posicionamiento político que a regular.

Los aragonesistas registraron ayer una iniciativa en la que establecen que el aborto debe contar en primer lugar con el consentimiento de la menor, "por entender que la decisión afecta a derechos en el ámbito de la maternidad que son inherentes a su personalidad", y estiman "necesaria la asistencia de al menos uno de los titulares de la autoridad familiar". La figura de la "asistencia" se incluye en la Ley de Derecho de la Persona aragonesa y supone que los tutores conocen el acto y que lo consideran conforme a los intereses de la menor. Se aplica a los mayores de 14 años y menores de 18, tramo de edad en el que acaba la representación legal de los padres y se complementa con esta figura, según el Derecho Civil aragonés.

El texto, además, establece como posibilidad subsidiaria que la menor pueda acudir a la autoridad judicial en caso de denegación de la asistencia de los padres o tutores. "Dadas las consecuencias, entidad y trascendencia de la decisión es precisa esta asistencia porque puede tener riesgo psíquico y físico para la menor", justificó el portavoz del PAR, Javier Allué.

Esta regulación contrasta con el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y que incluye que las jóvenes de 16 años puedan interrumpir su embarazo voluntariamente sin necesidad de contar con la autorización paternal. Y es ahí, donde residen algunas de las "dudas jurídicas" que plantea la proposición de ley del PAR. Según expertos en Derecho Civil consultados por este diario, Aragón tiene competencias plenas para regular la capacidad del menor, como sería este caso. No obstante, otros consideran que este texto colisiona con la ley nacional que es orgánica y por tanto, regula un derecho fundamental.

El portavoz del PAR, Javier Allué, argumentó que a Aragón "le corresponde en exclusiva establecer normas de capacidad de obra de los menores y, en esta proposición, se hace uso de la competencia de derecho civil". Justificó la iniciativa en tratar de aportar "seguridad jurídica" y recordó que la ley nacional aún no está aprobada.

Discrepancias de los socios

Precisamente, el PP -el único partido que podría respaldar la iniciativa- advirtió de que "requiere un análisis de la viabilidad legal de la proposición porque hay dudas jurídicas". El portavoz popular, Eloy Suárez, se preguntó "qué se está regulando, el derecho de los padres o la capacidad de la menor", y englobó esta iniciativa en una estrategia del PAR por marcar distancias con el PSOE.

De hecho, esta proposición vuelve a poner en evidencia las discrepancias existentes entre los socios del Gobierno de Aragón. Primero fue la ley de lenguas, que impulso el PSOE en solitario y ahora esta proposición de ley. Los socialistas ya han dejado claro que esta propuesta "no está en los cien puntos del acuerdo de gobierno y no nos sentimos vinculados", por lo que no habrá acuerdo. Tampoco están dispuestos CHA e IU a respaldar al PAR.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, recordó que la ley aragonesa establece en los 14 años la edad a partir de la que ya no se requiere representación legal, por lo que "el PAR está planteando que las jóvenes de 14 años pueden abortar". "Se han equivocado", dijo. El portavoz de IU, Adolfo Barrena, denunció que esta iniciativa demuestra "que no hay gobierno, que cada partido busca sus intereses".