El PAR suma una nueva diferencia a la lista de desencuentros con su socio en la DGA, el PSOE. Esta vez a propósito de una enmienda a los presupuestos, en la que los aragonesistas en las Cortes plantean aplicar criterios de progresividad para que los libros no sean gratis para todos. Ya hubo un acuerdo unánime del Parlamento para instar a la DGA (a iniciativa de IU) a que revisara el modelo, de forma que las familias con rentas superiores a 53.407 euros anuales no se beneficiaran. Pero entonces, la coalición PSOE-PAR lo desoyó y la partida para garantizar la gratuidad se mantuvo (algo reducida) en los presupuestos de 2011.

El vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, ya se ha mostrado en varias ocasiones partidario de fórmulas de copago, también en la sanidad, aunque en la negociación presupuestaria con el PSOE no logró aplicarlas. Ahora, a través del grupo parlamentario se busca restringir el acceso a este programa de educación en función de la renta familiar. No obstante, los baremos todavía no se han establecido, aunque el PAR sí tiene decidido que debería aplicarse a partir del curso 2011/2012.

Con esta medida, se verían afectados todos los alumnos, salvo los de educación especial que -según la enmienda del PAR- seguirían disfrutando de la gratuidad. El ahorro que se lograra no se reinvertiría sino que serviría para ajustar aún más las cuentas. No obstante, habrá que ver la receptividad que manifiesta el socio con esta iniciativa, más cuando desde el propio departamento socialista de Educación ya se informó de que se mantendrían los libros gratis para el próximo curso.

Iglesias: "Estaba advertido"

Precisamente, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, marcó ayer posición sobre las propuestas del socio. "Vamos a discutir, hablar y dialogar sobre todo lo que sean cuestiones menores, todo lo que proponga que no cambie la estructura del presupuesto". Dicho esto, dejó claro que "no nos parecerán bien todas las cuestiones que supongan un cambio en profundidad en las cuentas, creemos que ya no es el momento de ese debate".

Iglesias explicó que Biel le había "advertido de que iban a presentar algunas cuestiones a través del grupo parlamentario", aunque no se las concretó, por lo que la noticia de que su socio en la DGA enmendaba los presupuestos la conocía previamente. En cualquier caso, confió en la lealtad del PAR y en que actuará con "responsabilidad". "El vicepresidente y su grupo parlamentario la han tenido durante muchos años en el Gobierno y no ha habido cambios sustanciales para pensar que el PAR va a tomar otras decisiones", manifestó Iglesias. En la misma línea, resaltó que "tenemos un presupuesto que está aprobado y confío en que la coalición de gobierno estará de acuerdo con este presupuesto aprobado".

Desde el debate del estado de la Comunidad, los aragonesistas han iniciado una potente estrategia de desmarque de los socialistas con la vista puesta ya en las elecciones de 2011. Empezaron con dos iniciativas legislativas sobre la elección directa de consejeros comarcales y la sustitución de las diputaciones provinciales por corporaciones, que se debatirán el jueves en el pleno (ahí se escenificarán las diferencias). Han seguido con otra propuesta legislativa para actualizar la ley de derechos históricos y con cuatro enmiendas a la ley de medidas tributarias, también al margen del PSOE. Pero aún habrá más iniciativas en solitario en los próximos meses.

Por su parte, IU presentó ayer 103 enmiendas a la ley de medidas tributarias con las que pretenden aumentar la recaudación autonómica en unos 180 millones de euros mediante una subida de impuestos con progresividad y creando nuevas tasas. Según explicó el portavoz de IU, Adolfo Barrena, y la coordinadora del grupo, Patricia Luquin, "permitirán recuperar los 165 millones en los que han caído las políticas sociales en los presupuestos para el año que viene y actuar en planes de empleo".

Entre las propuestas destacan gravar las rentas más altas, de forma que el porcentaje a aplicar en el tramo autonómico del IRPF sea del 24% y el 25% para quienes ganen más de 90.000 y más de 175.000 euros, respectivamente; y recuperar los 110 millones que se dejarán de ingresar por los impuestos de sucesiones y donaciones (60 millones) y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (50). También propone gravar más los impuestos medioambientales o las tasas del juego y crear tasas por rescates en montaña o por el uso de bolsas de plástico a las grandes superficies.