El juez de La Muela deniega por ahora citar al consejero Boné como testigo

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, no llamará por el momento a declarar a Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el proceso que instruye por la presunta trama de corrupción urbanística en La Muela. El juez, en respuesta a la petición del abogado José Antonio Ruiz Galbe de citar a testificar a Boné, le dice que se tiene por solicitada la declaración pero que "no procede la práctica de la misma en este estado procesal, habida cuenta de que todavía existe numerosa documentación pendiente de estudio y cuyo conocimiento podría ser útil para la práctica de la diligencia interesada". El juez añade que una vez que se reciba esos documentos, tomará una decisión.

El abogado, que defiende en el proceso a Antonio Royo Velilla, ex escolta de Boné, presentó el pasado 10 de octubre un escrito en el juzgado en el que afirmaba que era "totalmente necesario e imprescindible" para el debido esclarecimiento de los hechos imputados a su cliente el testimonio del consejero y también secretario general del PAR.

El letrado advierte en su escrito que dada la posición de miembro del consejo de gobierno de Aragón, su citación como testigo habrá de producirse en los términos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal para su declaración como aforado. En su caso y en el supuesto de que esta se produjera, Boné estaría exento de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, y podría informar por escrito sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo.

José Antonio Ruiz Galbe considera que el responsable político de Medio Ambiente debe ser interrogado acerca de las conversaciones mantenidas con su cliente, Antonio Royo, cuando era su escolta personal, sobre la calificación de terrenos y planes de ordenación en el término municipal de La Muela. También sobre las gestiones que hubiera llevado a cabo "a consecuencia de tales conversaciones, si es que existieron, y si las mismas supusieron alguna resolución administrativa contraria a la legalidad y acorde a las peticiones" de Antonio Royo.

En el sumario consta que esta persona, imputada por tráfico de influencias, se interesó en múltiples ocasiones por varios expedientes de La Muela en el Departamento de Medio Ambiente, en los que también estaba interesada su madre, María Jesús Velilla, intermediaria en varias operaciones inmobiliarias, entre ellas, el plan para levantar unas 800 viviendas en el suelo residencial 1 de La Muela.

En espera

Esta no es la primera vez que el juez Alfredo Lajusticia se pronuncia sobre posibles imputaciones a aforados. En un auto emitido el pasado 31 de julio, en el que desestimaba el recurso del letrado Juan Palacio, defensor de Antonio Fando, en el que le decía, entre otras muchas cosas, que no era competente para instruir la causa porque en las conversaciones grabadas a los imputados aparecían aforados, el instructor recordaba que hasta ese momento "ningún acto de imputación formal se había dirigido contra ellos". Entendía que por ese motivo la competencia debía continuar en su juzgado, "todo ello sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pudieran aparecer indicios racionales de criminalidad contra alguna de las personas aforadas en cuyo caso, evidentemente, procedería la inhibición de lo actuado al órgano competente". Este órgano sería la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.