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AGUA

El informe de la DGA pretende amparar el trasvase aún más que el del Estado

El documento del Ejecutivo central sí admite que pueda ser una transferencia que afecte a dos cuencas diferentes. El texto avalado por el Ejecutivo PSOE-PAR niega toda posibilidad a esa evidencia

El Gobierno de Aragón ha llegado en su intento de justificación jurídica del trasvase del Ebro a Barcelona aún más lejos que el propio Ejecutivo central. El informe visado por la directora general de los servicios jurídicos del Ejecutivo PSOE-PAR, María José Ponce, llega a negar incluso que el decreto implique una "transferencia hídrica". Sin embargo, el informe jurídico del Gobierno central admite esa posibilidad, reconoce en su argumentación que hay una transferencia de aguas de la cuenca del Ebro y lo único que rechaza es que ese caudal del río Ebro que llega a Barcelona sea "adicional" al que ya estaba oficialmente cedido desde 1981.

La forma que tiene el Estado para justificar que la DGA apoye el decreto no es, por tanto, negar los hechos sino simplemente cuestionar el alcance del Estatuto de Aragón. Así, pese a admitir la posibilidad de que el decreto implica una transferencia de caudales, argumenta que la norma aragonesa no es válida para este supuesto porque todos los destinados a Barcelona estarían previamente concedidos a alguien, ya sean los regantes de la cuenca o el consorcio de Tarragona.

Es una "conexión"

La DGA no puede utilizar esta argumentación, ya que supondría que sus propios servicios jurídicos cercenen aún más el alcance del Estatuto de Aragón. Así, el informe encargado por Marcelino Iglesias en vez de limitar los efectos del Estatuto sobre las transferencias hídricas rechaza directamente que el decreto del trasvase implique esta circunstancia. Para hacerlo, el documento visado por el Ejecutivo PSOE-PAR argumenta que, en vez de una transferencia, lo que hay es una conexión entre diferentes sistemas de planificación dentro de una misma cuenca hidrológica.

Esta posibilidad, sin embargo, queda cuestionada por los propios hechos. Si afectase a una única demarcación, en vez de también a la del Ebro, lo que hubiese habido que cambiar por decreto es el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña y no una ley estatal que afecta a varias cuencas, como hizo el Consejo de Ministros.

Esta negación de que hay una transferencia permite cumplir un doble objetivo: por una parte, permite ignorar que se incumple el Estatuto de Aragón. Por la otra, da una salida política al propio presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien durante la última campaña electoral hizo bastantes declaraciones sobre política hídrica que ahora se le vuelven en contra.

Por ejemplo, en febrero de 2008, el líder del PSOE aragonés afirmó que "transferencia y trasvase es lo mismo". Lo hizo indignado porque el PP aragonés quisiese vender que su partido no apoyaba el trasvase del Ebro al eliminar de sus discursos y programas la palabra trasvase y sustituirla por transferencia. Ahora, el PP vuelve a alternar sin problemas los conceptos trasvase y transferencia y es el PSOE quien tiene ciertos problemas e intenta diferenciarlos.

Evaluación ambiental

Si el informe de la DGA es llamativo por llegar más lejos que el del Estado en algunos asuntos, en otros sin embargo se queda bastante corto. Por ejemplo, el documento del Ejecutivo PSOE-PAR que analiza el decreto del trasvase a Barcelona no se preocupa siquiera en justificar si debería haber o no evaluación de impacto ambiental, si efectivamente concurren los criterios necesarios de urgencia o si es correcto que se haya decretado el trasvase tras un acuerdo bilateral que ha dejado fuera al resto de Comunidades de la cuenca del Ebro.

Hay que recordar que toda la ofensiva de la DGA contra el trasvase del Ebro que proyectó el PP (que no se llegó a ejecutar) fue por el tema de la protección ambiental, aspecto que ahora se ha decidido obviar. En este sentido, todas las quejas ante la UE iban justificadas por los efectos sobre la cuenca y el propio impacto de la tubería. Ahora, el decreto del Gobierno central incluye la decisión de que no se evaluará el impacto del nuevo trasvase en el medio ambiente y sin embargo los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón callan ante esta circunstancia.

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