El recorte inversor del Estado en Aragón es mucho mayor del que consta en las partidas regionalizadas de los Presupuestos Generales. El Gobierno central redujo en más de un 63% su aportación económica a los convenios firmados con la DGA, lo que supuso una pérdida cuantificada en 206 millones de euros solo en el ejercicio 2009 respecto al año anterior. Con dichos acuerdos, que obligan también a la DGA a aportar financiación, se han construido depuradoras en el Pirineo, modernizado regadíos, se han cubierto servicios ferroviarios o se han aplicado las nuevas tecnologías en la escuela pública, entre otras acciones.

Los efectos se han hecho notar especialmente en las inversiones destinadas a obras e infraestructuras, que se desplomaron de los 272,2 millones suscritos en 2008 a los 23,5 millones firmados en 2009. De hecho, el número de convenios suscritos en esta materia pasó de 35 a 19.

Pero la disminución de los fondos también ha afectado a los acuerdos suscritos por las distintas consejerías para impulsar la cobertura de servicios (de 43,2 a 31,5 millones) y programas de investigación y desarrollo (de 46 a 25,8 millones). En estos casos, se han vistos especialmente perjudicados los departamentos de Servicios Sociales y de Ciencia y Tecnología.

Toda la información, pormenorizada convenio por convenio de cada Departamento, se ha recogido en un amplio estudio que la Vicepresidencia de la DGA a remitido al Gobierno central "para que tome nota" de cara a la negociación de los Presupuestos de 2011, dentro del marco de las relaciones bilaterales contempladas en el Estatuto. "Demostramos con números que la aportación del Estado se ha reducido de 326 a 120 millones de euros. Y estamos encontrando muy poca colaboración en el Gobierno central a la hora de negociar, que ha hecho algún gesto y poco más", indicaron fuentes oficiales de Vicepresidencia de la DGA.

Retraso en los fondos pactados

En este análisis se han sumado las cuantías totales cuando los compromisos financieros se establecían por anualidades, incluido el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que supone una aportación estatal de algo más de 169 millones de euros para el periodo 2008-2011. E incluso esta cifra pactada y firmada en su día se ha revisado ahora a la baja por parte del Estado dentro de los recortes inversores que ha impuesto con motivo de la crisis. En este caso, se demorará la entrega de los fondos hasta 2013.

El estudio pone en evidencia que los departamentos de Medio Ambiente e Industria son los que se han llevado la peor parte, ya que han visto menguados los recursos económicos en un 90% y en un 65%, respectivamente. En millones aún es más elocuente, ya que pasaron de disponer de casi 248 millones en 2008 a únicamente 34,44 millones en 2009.

La explicación es sencilla: en 2008 se suscribieron los acuerdos para impulsar los planes de depuración de aguas residuales, lo que se unió a una aportación estatal mucho mayor al plan de dinamización de las cuencas mineras y al Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

También se han visto 'castigadas' las consejerías de Política Territorial, Economía y Hacienda, Ciencia y Tecnología y Servicios Sociales, mientras que las de Obras Públicas, Agricultura, Salud y Educación se han beneficiado de un aumento en el importe de los convenios suscritos con sus respectivos ministerios. Eso sí, sus cifras no compensan ni de lejos el tijeretazo económico del resto.

El citado informe de la Vicepresidencia de la DGA también pone en evidencia este 'desequilibrio' en el esfuerzo económico de las arcas estatales y autonómicas. El recorte ha tenido efectos en el propio peso de las aportaciones de Aragón: si en 2008 supuso un 20% del importe total de los convenios suscritos gracias a los 80,4 millones pactados, un año después se había descompensado al representar ya un 35% con los 64,3 millones suscritos.