La medida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de congelar las pensiones para el próximo año afectará a seis de cada diez pensionistas aragoneses, que tendrán que pasar el día a día de 2011 con la misma cuantía que este año, es decir, con una medida de unos 804 euros, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social.

A fecha 1 de abril de este año, en Aragón había 280.275 pensiones (algunos aragoneses disfrutan de varias), lo que supone que casi el 20% de la población aragonesa tiene una paga de la Seguridad Social. De estos, poco más de 100.000 personas (un 34%) no se verán afectadas por la polémica medida impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puesto que se trata de pensiones mínimas o no contributivas, subsidios que no entran en el plan de congelación del Ejecutivo socialista. En total, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, estos subsidios supone en Aragón un desembolso de 225,5 millones de euros, una cifra que apenas variará para el próximo año puesto que serán tres de cada diez las que se revaloricen, tal y como está estipulado por ley.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, defendió ayer esta medida y aseguró que en esta etapa del Ejecutivo socialista las pensiones han crecido un 30%, por lo que negó que los afectados por la congelación de estas pagas pierdan poder adquisitivo. Este argumento, sin embargo, no convence a los afectados. Tanto los más mayores como los sindicatos denuncian que se ha "atacado" al "punto más débil de la población" por dos frentes: el de las pensiones y el de la ley de dependencia. El primero, porque los pensionistas perderán poder adquisitivo el próximo año y el segundo, porque los fondos que reciban de la ley de dependencia no tendrán carácter retroactivo. Auguran que este hecho supondrá que el servicio empeore y disminuiya el empleo de este sector.

Con este panorama, todos coinciden en que el Gobierno debería haber focalizado su recorte en otras partidas y no en la Seguridad Social. El presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores, Jesús Giménez, recalcó que "hay muchos otros sitios donde recortar". Y puso como ejemplo, el número de asesores, de ministerios, los gastos de representación de diputaciones y ayuntamientos, las pagas vitalicias y de ministros? "Han tocado el punto más sensible", denunció, que advirtió que desde el pasado 12 de mayo -fecha en la que Zapatero anunció los recortes- no han parado de llegar consultas y quejas. Es más, el próximo día 22 hay previsto un encuentro de mayores en Gurrea de Gállego en el que está previsto que se aborde esta situación. "Algo tendremos que hacer, nos tenemos que defender", animó Giménez.

También el vicepresidente de Feaps-Aragón, José María López, consideró "injusto" que se congelen estas retribuciones y recordó que son muchos los afectados. En concreto, por incapacidad permanente se pagan en la Comunidad 23.546 pensiones de una media de 934 euros. Las más numerosas son las que se perciben por jubilación: 173.212 subsidios de una media de 901 euros. También destacan las de viudedad (75.069 de 588 euros); las 7.360 de orfandad (369 euros) y las denominadas a favor de familiares (475 euros).

Repercusiones en el consumo

Rafael Casas, de CC. OO., además de criticar la iniciativa, también sugirió que lo que se debería hacer es incidir en los ingresos de las arcas de la Seguridad Social. Por eso, propuso que se plantee la posibilidad de que los ciudadanos puedan prolongar de manera voluntaria su vida activa. También recomendó que se equipare la cotización media con los salarios mínimos. En este sentido, Casas advirtió que si se congelan las pensiones, "incidirá directamente en el consumo". "Van a afectar negativamente y como consecuencia, incidirá también en el empleo", recalcó el representante del sindicato de CC. OO.

Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Aragón, Daniel Alastuey, también denunció que esta iniciativa es una forma "muy negativa" de ajustar el gasto. "Los pensionistas no son un colectivo que atente contra la estabilidad presupuestaria y es una barbaridad que se adopte", denunció. Alastuey también advirtió de que es "una medida poco social" porque "supone una pérdida de poder adquisitivo". "No estamos hablando de pensiones de 3.000 euros", incidió el representante de UGT.