El Gobierno de Aragón sigue sin dar cuenta de cómo, por qué y a quién reparte sus gratificaciones. La Ley de Presupuestos obliga a la DGA a informar a los sindicatos trimestralmente de la concesión de estos premios económicos que compensan trabajos extraordinarios. Pero estos datos siguen en la opacidad.

Ante esta situación, el sindicato CSI-F, que se ha dirigido ya en varias ocasiones al director general de Función Pública, Antonio Brun, -sin éxito-, va a renviar una carta a la Secretaría del Consejo de Gobierno (es el órgano que da el visto bueno) para que aporte documentación. Pero es la última oportunidad. El sindicato se plantea, si no obtiene una contestación satisfactoria, acudir al Justicia de Aragón para que intervenga. "Tienen obligación de darnos todo", denuncian desde CSI-F.

Durante este año, la DGA destina algo más de un millón de euros de su presupuesto (un 13% menos que en 2009) a premiar a trabajadores de la administración autonómica por realizar servicios extraordinarios fuera de su jornada normal. Estos reconocidos empleados son premiados con una cantidad económica adicional a su sueldo que no puede ser ni fija ni periódica y que, en algunos casos, llega hasta los 11.900 euros en un solo pago.

La norma presupuestaria es clara: "La DGA debe comunicar trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de las gratificaciones". Nada se cumple. Pero hay más. Además de no informar, ni siquiera en las propias resoluciones se detallan estas cuestiones fijadas por ley. Solo se concreta el nombre del destinatario y el importe asignado. Las cuantías llegan a superar una nómina mensual de un funcionario del máximo nivel. Y algunos pueden recibir varias asignaciones de este tipo en un mismo año.

La mayor parte de estos pagos, según consta en la Ley de Presupuestos de 2010 corresponden al Departamento de Educación, Cultura y Deporte (más de 773.000 euros).