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Aragón
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'Embajada' aragonesa en Madrid

El contrato de alquiler de la oficina de Madrid obliga a la DGA a mantenerla

Una cláusula imposibilita la rescisión del contrato, que ha sido renegociado a la baja. La DGA paga 4.500? mensuales y debate su reapertura.

Edificio donde se ubica la oficina
El contrato de alquiler de la oficina de Madrid obliga a la DGA a mantenerla
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Una "cláusula de preaviso" en el contrato de arrendamiento de la oficina de Aragón en Madrid fuerza al Gobierno de la Comunidad a mantenerla alquilada hasta final de año, según confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, cuestionó en julio que todo el personal de la delegación fuera "eventual de confianza", lo que motivó su cierre.

Estas mismas fuentes explican que "cuando se intentó rescindir el contrato de alquiler ya era imposible por la existencia de una cláusula de preaviso". Sin embargo, señalan, "se hizo una renegociación del alquiler y se consiguió bajar de 6.400 a 4.500€". Esta coyuntura, unida a la necesidad de modificar el artículo 26 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, ha propiciado que en el seno de la DGA se esté debatiendo la posibilidad de volver a abrir la 'embajada' en la capital española.

Paralelamente, el Gobierno aragonés suprimió el contrato de arrendamiento de una "reserva de aparcamiento" -un espacio acotado con bádenes- en la misma calle. Este parquin suponía un costo anual de 3.526€ y era utilizado por los empleados de la dependencia oficial. La DGA habría llegado a tiempo, ya que el contrato se actualizaba cada año natural.

Tanto la oficina como las plazas particulares de aparcamiento se ubican en la calle Antonio Maura, en pleno centro de la urbe, cerca de, entre otros, el Parque del Retiro o el Congreso de los Diputados, tal como relataba el pasado lunes el diario ABC.

Una oficina vacía

La entrada en el Pignatelli del nuevo Gobierno supuso que las funciones que desempeñaba el personal de Madrid fueran transferidas a Zaragoza, quedando la oficina totalmente vacía. La posible reapertura obligaría a Rudi a designar nuevos empleados.

Hasta la supresión de los cargos, los costes anuales de personal ascendían a 148.120€. El cargo de director de la oficina suponía una partida de 65.760€ en los presupuestos del Gobierno PSOE-PAR, y el coste de sus dos asesores y de su colaborador eran de 46.120 y 36.240€ respectivamente.

Ante la imposibilidad de suprimir la oficina, la DGA está elaborando una reestructuración de la plantilla, que supondría una reducción de los puestos de libre designación, pasando de cuatro a dos (un director y un asesor). A estos se sumaría una plaza de funcionario.

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