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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El alcalde de Mallén y tres tenientes de alcalde declaran ante la Policía

La denuncia presentada en su contra por la construcción del complejo de ocio no se ha archivado. Al contrario de lo que públicamente anunció el edil.

El alcalde de Mallén, Antonio Asín, habla ante los medios
El alcalde de Mallén dice que colaborará con la Justicia tras el registro del Ayuntamiento
JAVIER CEBOLLADA/EFE

El alcalde de Mallén, el socialista Antonio Asín, y tres tenientes de alcalde del consistorio de esta localidad han declarado ante la Policía por presuntos casos de corrupción urbanística.

Varios agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional llevaron a cabo un registro en el Ayuntamiento de Mallén este martes, día 3, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.

Fuentes policiales han explicado, que el alcalde de Mallén prestó declaración el miércoles, día 4, en calidad de imputado, en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en Zaragoza, donde también han prestado declaración tres tenientes de alcalde, Fernando Escusol, Arsenio Montorio y José Antonio Gil. Estos dos últimos, al parecer por otro caso diferente.

Registro por un caso de venta de terrenos

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional registró el Ayuntamiento de Mallén, en el marco de la investigación por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Mallén, a raíz de la venta de un terreno a un empresario.

La investigación comenzó en 2009, cuando un empresario de la localidad denunció que el Ayuntamiento vendió un terreno ubicado en el polífono industrial 'El Zafranar' a la agencia inmobiliaria Expocity, a un precio más elevado que el que se había acordado previamente con el Consistorio, caso que ya había denunciado con anterioridad un edil del PP ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La denuncia

La denuncia presentada en su contra por la construcción del complejo de ocio no se ha archivado. Al contrario de lo que públicamente anunció el edil el pasado miércoles, el caso continúa vivo y sigue investigándose en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital aragonesa.

Como ayer se publicó, Asín afirmó textualmente: «Estuve tres días saliendo en la prensa -en referencia a las noticias publicadas por HERALDO DE ARAGÓN- y tengo que anunciar que esa denuncia se ha archivado». Este periódico confirmó ayer que no solo no es cierto sino que el magistrado ha admitido pruebas documentales solicitadas por la letrada del denunciante, Cristina Durán.

El alcalde no quiso hacer ayer ninguna declaración para explicar porqué dijo lo que dijo y tuvo que ser su abogada, Eva Zaro, la que saliera a la palestra para aclarar la situación. «No lo dijo con mala intención -aseguró la letrada-. Le conté que el juez lo tenía (el archivo) pendiente de decidir y le informé con la debida cautela».

Añadió que se había quedado muy sorprendida al leer por la mañana la afirmación hecha por su cliente y lo disculpó apuntando las «especiales circunstancias» en las que se ha visto inmerso en los últimos días.

«Se ha confundido. Le transmití que estaba pendiente de resolver y el juez no ha podido hacerlo cuando se han solicitado pruebas», insistió la abogada.

Al margen de la deriva que lleve este asunto y que incluso se pueda archivar en un futuro al considerar que pueda ser una cuestión civil, la afirmación de Asín sorprendió sobremanera en los ámbitos jurídicos, al ser rotundamente falsa.

El caso al que hizo alusión el alcalde mallenero se refiere a la denuncia presentada por Ramón Yoldi, un vecino de Mallén que se opuso en 2006 a la venta parcial de una finca indivisa que comparte con su familia, por lo que nunca se pudo elevar a escritura pública la compraventa que pactó el alcalde con la madre y el hermano de Yoldi mediante un contrato privado a través de la sociedad urbanística municipal. Por este motivo, Asín compareció como imputado por sendos delitos de prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia presentada por Yoldi se hace constar que el Ayuntamiento hizo un último intento en vano por lograr que vendiera y que un mes después borró de la licencia urbanística el rastro del emplazamiento en sus terrenos. En este punto el alcalde declaró que intentó que el denunciante vendiera y que «era consciente» de que necesitaba su firma para escriturar los terrenos a nombre del Ayuntamiento.

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