Las denuncias de Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, dos zaragozanos residentes en Barcelona que llevan más de 40 años sin saber quiénes fueron sus madres biológicas, han provocado que brote una riada de víctimas en busca de sus orígenes verdaderos. Su batalla personal se topó con el archivo judicial en el Juzgado de Instrucción 2 y la Audiencia de Zaragoza, pero la negativa no les hizo rendirse y les motivó para crear la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Ilegales (Anadir). Ellos son ahora la punta de lanza a la que se han sumado más de 300 personas afectadas por el robo de niños en clínicas y hospitales en la dictadura.

El próximo jueves día 27 presentarán una denuncia colectiva en la Fiscalía General del Estado con el objetivo de abrir una investigación en la Audiencia Nacional. Detención ilegal, robo y falsedad documental son los delitos por los que reclaman que se abra un sumario, en paralelo con los procesos abiertos en las fiscalías de Málaga y Cádiz. En estas provincias andaluzas se han multiplicados los casos de 'robo de niños' al abrir recientemente tumbas de supuestos hijos prematuramente malogrados y comprobar que están vacías.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recibió a un grupo de afectados de clínicas de toda España y explicó que existen "dificultades técnico-jurídicas" para seguir esa causa por la vía penal. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó formalmente al Ministerio de Justicia la creación de una oficina de atención a los llamados "niños perdidos del franquismo" para poder investigar por la vía administrativa los casos acreditados.

Historias paralelas

Las historias de Antonio Barroso y Juan Luis Moreno son paralelas porque ambos nacieron en 1969 (Barroso, en el Hospital Miguel Servet y Moreno, en la Clínica Pérez Serrano, ya desaparecida) y sus padres ocultaron la paternidad real. En las fiestas de Reyes de 2006, Juan Moreno, con 81 años, confesó en su lecho de muerte a su hijo que lo había comprado en Zaragoza, igual que hicieron los progenitores con su amigo Antonio Barroso.

Toda la trama estaba bien urdida porque en las inscripciones del Registro Civil de Zaragoza sus padres falsos aparecen como biológicos y, después de hacerse la prueba de ADN con sus respectivas madres, comprobaron la gran mentira en la que han vivido porque los parámetros no coincidían.

Aquella confesión de 2006 provocó que se abriera un turno de preguntas a los familiares, vecinos y amigos, que les confirmaron que sus madres ficticias nunca estuvieron embarazadas. Barroso y Moreno descubrieron que ignoraban a sus madres reales y llevaban engañados 40 años. Sus padres reconocieron que no tenían intención de adoptarles cuando fueron a comprarlos en Zaragoza sino que pretendían hacerles pasar como sus hijos legítimos hasta su muerte.

Su abogado, Enrique Vila, un valenciano adoptado que busca desde hace años a su madre, denunció en septiembre de 2009 a los dos centros médicos de Zaragoza sin personalizar un responsable. Pretendía que el juez investigara qué intervención tuvieron los facultativos que trabajaban en aquella época. "Quizá podamos saber quiénes estaban involucrados en esta trama", declaró.

La denuncia se archivó pronto por la prescripción de los delitos imputados al haber trascurridos 40 años. La Audiencia de Zaragoza no aceptaba que eran 'delitos permanentes' pasado tanto tiempo, sino que fueron 'instantáneos' y se consumó cuando "se materializó" la falsedad "sobre el documento" en 1969.

Respaldo judicial por otra vía

A pesar de ese doloroso revés, los magistrados de la sección tercera de la Audiencia recomendaron a los denunciantes que optaran por otra vía jurisdicción. "Esta Sala no puede sino respaldar a los querellantes en su intento de conocer los hechos que denuncian, pero la vía elegida no es la procedente", señalaron en su auto de 2009.

El fiscal jefe Javier Zaragoza reincide en esa recomendación y explica a HERALDO que varias comunidades (Andalucía y País asco) están facilitando la búsqueda de documentación en los archivos oficiales, sin necesidad de interponer denuncias.

Este periódico intentó entrar en el Registro Civil de Zaragoza para investigar uno de los casos que se han denunciado en la capital aragonesa y no le fue permitido consultar la documentación en aras de la protección de datos. La Diputación Provincial de Zaragoza, donde consta la prolija y complicada información sobre Maternidad, facilitó información a la familia de Pilar Ortiz, quien busca a su hermana gemela, robada a su madre en 1948. Aun así, los libros oficiales no pueden ser consultados directamente por los ciudadanos.

El abogado Enrique Vila mantendrá en la denuncia colectiva que estos delitos no han prescrito. "Es loable que Justicia cree una oficina para ayudar a las víctimas, aunque muchas veces los niños fueron robados, se llevaban a otras provincias y no se sabe dónde buscar", señala. "Los afectados quieren saber quién se embolsó el dinero de su robo o la entrega voluntaria para adopciones. Buscan saber qué ocurrió con sus madres y castigar a quién le robó a sus hijos", agrega.

En Cádiz, por ejemplo, se abrieron las diligencias de investigación en la fiscalía y llevan 62 denuncias. En Zaragoza se archivaron dos denuncia y solo se conocen tres casos.

Ramón J. Campo