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AEROLÍNEA DE BAJO COSTE

DGA, Ayuntamiento y Ryanair se reúnen la próxima semana para intentar salvar los vuelos

La compañía ya no vende billetes a partir de noviembre por el impago municipal.

Imagen de un avión de Ryanair en el aeropuerto de Zaragoza.
DGA, Ayuntamiento y Ryanair se reúnen la próxima semana para intentar salvar los vuelos
HERALDO

Responsables del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la compañía aérea de bajo coste Ryanair tienen previsto reunirse la próxima semana para acercar posturas y garantizar la continuidad de los vuelos baratos en la capital aragonesa. Según fuentes consultadas, el encuentro se producirá en Zaragoza y acudirán el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, y el vicealcalde y concejal de Economía, Fernando Gimeno, así como un representante de la compañía aérea.

El motivo de la reunión es el conflicto generado por los impagos de las subvenciones que recibe Ryanair de la sociedad promotora del aeropuerto, participada al 50% por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. En concreto, el retraso corresponde al consistorio, que tiene pendientes con la entidad alrededor de 4,3 millones de euros, tanto del año 2011 como del 2010. Esta situación ha derivado en impagos con Ryanair por valor de 1,2 millones desde el pasado mes de abril.

Ante esta demora, la compañía irlandesa ha decidido bloquear la venta de billetes a partir del mes de noviembre en las doce rutas que mantiene actualmente desde la capital aragonesa. De momento, la otra compañía que opera en Zaragoza, Wizz Air, no ha tomado la misma decisión.

El Ayuntamiento argumenta que los objetivos promocionales ya se han cumplido y que ahora debe ser la DGA la que asuma el peso del apoyo a las compañías de bajo coste, dado que el consistorio no tiene competencias en la materia. No en vano, ha decidido suspender de forma progresiva su aportación anual, que ronda los 2,2 millones dentro del plan de ahorro anunciado el pasado jueves por el Ayuntamiento.

La DGA ya ha expresado su malestar por la decisión unilateral del consistorio, a quien culpa de la situación creada. El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez, exigió «respeto y lealtad institucional» y calificó de «gravísima» la decisión municipal.

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