La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, apostó este viernes por los pozos, las aguas subterráneas y el transporte en barco, como alternativas al trasvase del Segre para paliar la situación de "gravísima" sequía que vive Barcelona y evitar el corte de suministro de agua a partir del Otoño. En todo caso, garantizó que los barceloneses y las barcelonesas tendrán garantizado el suministro de agua para beber.

Para ello, comentó que la ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, viene estudiando con la Generalitat medidas que garanticen el suministro de agua a dada la "gravísima" sequía que padece la zona. "Buscamos, de acuerdo a nuestra política de agua, métodos de abastecimiento rápidos, eficaces y viables desde el punto de vista económico, social y ambiental --explicó--. El trasvase del Segre no lo es, por razones técnicas y socioeconómicas".

Así, aseguró que el caudal del Segre resulta "claramente insuficiente", además de que un tramo del trasvase debería transcurrir por el cauce de otros ríos, como el Llobregat. Junto con ello, detalló que el Segre es un río de cabecera, lo que dificulta la realización de la transferencia de agua. A ello, sumó que no existen series históricas. También señaló que el trasvase tendría perjuicios en el sector de la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica.

"La semana pasada dije que no habría trasvase del Ebro, pero también que los ciudadanos que viven en Cataluña podían estar tranquilos porque no les faltaría agua para beber, y lo reitero, igual que no les ha faltado en estos cuatro años a los de Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y toda España", subrayó.

"Estamos estudiando todas las alternativas posibles que permitan garantizar el agua por distintas vías, con utilización de pozos, aguas subterráneas o transporte en barco. Un conjunto de medidas que se conocen y, en su momento, conocerán cuando estén definitivamente ultimadas. Estamos trabajando en ello con la Generalitat con rigor", dijo en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Ministros.

Asimismo, señaló que estas medidas "se pondrán sobre la mesa cuando estén ultimadas" y que se realizarán "todas las reuniones necesarias en todos los niveles necesarios" porque la Administración Central está en "permanente contacto" con la catalana y con el resto para abordar los problemas compartidos. "No puedo adelantar ahora más allá de la línea en que estamos trabajando --dijo-- Muchas cuestiones dependen de soluciones técnicas y hay que tenerlas claras".

En este sentido, recalcó en que el Ejecutivo se viene "ocupando y preocupando" por que a los ciudadanos, vivan donde vivan, no les falte el agua y garantizará el suministro con "trabajo y diálogo". "Lo hemos hecho estos cuatro años a pesar de la grave sequía que venimos sufriendo y lo vamos a seguir haciendo otros cuatro años, y quiero que no le quepa duda a nadie", reiteró.

Plan Nacional de Calidad de las Aguas

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aragón para la aplicación en esta comunidad del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2008-2015, para la que el Gobierno central invertirá 169,1 millones de euros hasta 2001.

Para alcanzar los objetivos correspondientes al Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Aragón, el Ministerio tiene previsto aportar un máximo de 347 millones de euros en el total del periodo, según informa la referencia del Consejo.

El convenio articula la colaboración entre el Ministerio y el Gobierno aragonés y establece las condiciones específicas para la gestión de la construcción y explotación por parte de la comunidad autónoma de las obras hidráulicas declaradas de interés general por el Estado que se señalan en el mismo.

El Gobierno de Aragón realizará la gestión de la construcción y explotación de las obras declaradas de interés general por la Administración General del Estado, que se realizarán bajo la modalidad de concesión de obra pública, y será su responsabilidad la financiación, ejecución, gestión y control de la explotación y funcionamiento.

Cuando las actuaciones se hayan finalizado y hayan entrado en explotación, se procederá a su desclasificación como de interés general del Estado.

En relación con la evaluación del impacto ambiental, dado que tanto su ejecución como su explotación pasan a ser función de la Diputación General de Aragón, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno autonómico actuará como órgano ambiental en el procedimiento.

Para el resto de las obras que se ejecutarán de acuerdo al convenio, corresponde a la comunidad autónoma de Aragón el desarrollo de las actuaciones necesarias para su efectiva ejecución.