El pasado 20 de mayo es un día señalado en rojo en los calendarios de muchos padres aragoneses, una de esas fechas anheladas durante mucho tiempo. Fue el auténtico día de Navidad para todos aquellos padres que, vestidos de Papá Noel, solicitaban en la calle firmas en apoyo de la custodia compartida el pasado diciembre. El 20 de mayo, las Cortes de Aragón aprobaron por fin la primera ley de toda España que da prioridad a la custodia compartida, una iniciativa del PAR que fue apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, excepto por IU.

La circunstancia de que Aragón sea una de las comunidades con capacidad para regular su Derecho Foral, una de sus señas de identidad, establecida en el Estatuto, ha hecho que haya sido pionera en adoptar esta medida en el caso de que no haya un acuerdo previo de la pareja, es decir, si tiene que intervenir un juez en el caso.

La separación es una medida traumática por definición. Generalmente, pone fin a un conflicto sostenido, pero si hay hijos menores de por medio es inevitable mantener un espacio común de entendimiento. La gestión de ese ámbito privado y complejo en el que se mezclan sentimientos de todo tipo ha ido evolucionando conforme lo ha hecho la sociedad.

A pesar de su satisfacción con la nueva ley, algunas asociaciones de padres separados, que han funcionado hasta ahora como punta de lanza en este asunto, han mostrado su inquietud por su aplicación. No es un problema de su contenido sino de la amplia libertad de interpretación que deja, según sostienen, a los jueces, llamados a partir de ahora a vencer una inercia de muchos años. La ley entrará en vigor el próximo 8 de septiembre. A partir de ese momento, y con el plazo de un año, los padres podrán solicitar con carácter retroactivo la custodia compartida.

La abogada Maite Navarro, experta en Derecho de Familia, asegura que esta ley es una respuesta a una realidad social. La norma ha surgido porque había una necesidad de ella, y no al revés. Su esperanza es que colabore en reducir la crispación y la conflictividad en estos asuntos. Navarro señala que "cuanto mayor sea la igualdad, menor será la injusticia", aunque aun así la solución quede lejos de la situación ideal. Y todo ello teniendo en cuenta que la ley no establece una obligación, sino una "preferencia" de la custodia compartida, que el juez valorará con las circunstancias de cada caso.

Hasta ahora, solo el 10%

Actualmente, las custodias de los hijos que llegan a los tribunales las consiguen las madres en un 85% de los casos, en un 5% los padres y aproximadamente el 10% es custodia compartida. Un sistema que ha demostrado en otros países como Estados Unidos, Francia, Bélgica o Italia que favorece la adaptación del menor a las nuevas circunstancias. Y es precisamente el interés del menor la base sobre la que se asienta la ley.

Los abogados son los primeros que solían desaconsejar a los padres varones que pidieran la custodia porque hasta ahora era mejor tratar de conseguir un acuerdo, sabiendo que era casi imposible que el padre la obtuviera. El terreno de las relaciones personales es siempre delicado, pero existen casos de mujeres que han presentado denuncias de malos tratos sin que hubiera parte de lesiones, y que luego han intentado retirar, para tratar de sacar mayor tajada de la situación. Es lo que le ha pasado a Manuel, un joven separado a los pocos meses de su boda que ha vivido situaciones muy duras, como que se le intentara negar el acceso al hospital al nacer su hijo.

La nueva ley prevé además que antes del próximo 8 de diciembre se envíe a las Cortes un proyecto de ley sobre Mediación Familiar. La abogada Maite Navarro destaca que mediadores y abogados deben servir para aportar sensatez entre las partes. Un dato significativo es que han sido muchas las mujeres que han apoyado esta ley. No hay que olvidar que es el interés del menor lo que está en juego.