Aragón acaba de recibir la transferencia de medios de Justicia. ¿Considera que tendrá un efecto positivo en la gestión?

Creo que sí, pues permitirá desarrollar una gestión más eficiente de los recursos disponibles, mejorando la organización del sistema judicial en Aragón. Recuerdo cómo en mis primero destinos aragoneses, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Calatayud y de Calamocha, era necesario dirigirse al Ministerio de Justicia, en Madrid, para que se solventara cualquier deficiencia. La asunción de responsabilidades en materia de justicia por el Gobierno de Aragón permitirá lograr la prestación de un servicio eficiente y de calidad.

¿Cree entonces que los ciudadanos podrán percibir el cambio?

Los ciudadanos aragoneses percibirán la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en Aragón, pues la asunción de las transferencias favorece la coordinación de esfuerzos y la colaboración más intensa de todos los profesionales implicados. A estos efectos, resulta significativo comprobar cómo las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia han modernizado sus instalaciones judiciales construyendo "Ciudades de la Justicia".

La DGA quiere que esté en los terrenos de la Expo, ¿considera que es una buena ubicación?

La concentración de edificios judiciales en la Expo puede ser una buena solución que corrija la notable dispersión de sedes. El debate centro/periferia ya se ha solventado en otras ciudades como Barcelona o Valencia, pero es difícil hacer coincidir políticas de regeneración urbana con la necesidad de infraestructuras de la Justicia, que requieren edificios interconectados para facilitar el trabajo de los profesionales y el acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales.

En Aragón tenemos una administración pública mayor que en el resto de España. ¿Qué le parece la creación de las comarcas?

Si a los ayuntamientos y diputaciones añadimos las comarcas, nos encontramos con una Administración local compleja organizativamente que se estructura en tres niveles. Los municipios más pequeños necesitan de un servicio técnico y jurídico para la prestación de los servicios esenciales de la colectividad local. Lo que resulta superfluo es superponer competencias. No tendría sentido crear comarcas si realizan las mismas funciones que corresponden a las diputaciones.

¿Cómo valora las informaciones que surgen de Wikileaks? ¿Atenta a la revelación de secretos oficiales?

Una primera impresión es que el servicio de la embajada Norteamericana es eficiente. Ha demostrado que actúa diligentemente en la defensa de los intereses de su país y de sus ciudadanos. Creo que no desvelan grandes secretos. Refleja el estado de opinión de la embajada respecto de la situación política y económica de los países. Eso es una práctica normal de todos los servicios diplomáticos. En todo caso la opinión pública tiene derecho a conocer cómo funcionan sus instituciones. Otra cuestión es la divulgación de informaciones que pongan en riesgo gravemente la seguridad de las personas.

En España se ha puesto en cuestión la actuación de algunos fiscales. ¿Ha visto dudosa su actuación?

Los fiscales en España están sometidos al principio de legalidad y gozan de un altísimo prestigio y reconocimiento social. Hay que recordar que los fiscales desarrollan una relevante labor de cooperación internacional con Estados como Francia, Italia, Marruecos, Colombia, Estados Unidos para la persecución del terrorismo y la criminalidad organizada que actúa a nivel internacional. Y por ello, tienen el deber de informar de los procesos que conozcan que interesen a las autoridades judiciales de otros Estados.

¿Por qué?

Están en juego las relaciones de cooperación entre sistemas jurídicos que tienen niveles de garantía muy distintos. La colaboración entre autoridades diplomáticas, judiciales y fiscales es importante para la seguridad jurídica. Por ejemplo cuando nos encontramos en el supuesto de que hay una española detenida en una prisión de Estados Unidos no consideramos extraño ni extravagante que el cónsul español se preocupe por que se garantice el derecho a un proceso justo. En el caso de la detención en Dinamarca del que era responsable de Greenpaece, las autoridades españolas realizaron esfuerzos diplomáticos para que pudiera salir cuanto antes de prisión.

¿Tiene la sensación de que ha bajado la corrupción en España debido a la crisis económica?

Sí, pero también es debido al trabajo intenso de los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción. Antes solo había un fiscal anticorrupción a nivel de España y ahora se han establecido fiscalías de este tipo en casi todas la provincias españolas.

En Aragón solo hay constancia de un gran caso de corrupción, el de La Muela. ¿Cree que es porque no todas las comunidades son igual de corruptas o porque aquí la Fiscalía no demuestra iniciativa?

Creo que primero hay que señalar con carácter general el alto grado de moralidad de los responsables públicos. El fenómeno de la corrupción en España se ha extendido en aquellos territorios, como los de costa, en los que se han producido desarrollos urbanísticos especulativos y en los que se ha mezclado intereses aparentemente vinculados con la financiación de los ayuntamientos con prácticas ilegales y corruptas.

Los dos altos tribunales están en una situación muy diferente. El Tribunal Constitucional está actualmente muy cuestionado frente al prestigio del Supremo.

Considero que es importante que el Tribunal Constitucional se centre en su función de intérprete de la Constitución, que debe regirse siempre en base a los principios de libertad, convivencia e integración. El Tribunal Constitucional se tiene que refundar. En realidad se fundó en 1980 pero hoy se encuentra en un momento complicado, que afecta a su credibilidad como pacificador de conflictos.

¿Considera entonces que es posible reconducir la situación?

Sí, con la incorporación de nuevos magistrados de gran calidad humana, jurídica, profesional y ética. Evitando todo tipo de sospecha sobre la neutralidad e imparcialidad de los magistrados. Al Tribunal Constitucional deberían incorporarse juristas aragoneses de prestigio, como el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer o los catedráticos Jesús Delgado o Antonio Embid.

El sistema de elección, con los partidos eligiendo a los jueces, no ayuda.

No es una cuestión del sistema de elección porque en la historia del Tribunal Constitucional ha habido momentos de gran prestigio. Recordemos los tribunales presididos por García Pelayo o Tomás y Valiente. Es importante que los partidos políticos se contengan en intentar mediatizar las decisiones del Tribunal Constitucional.

¿Es optimista?

Espero que sí. Se va a producir una renovación en profundidad de ocho de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Congreso y Senado tienen la responsabilidad de elegir a personas que despierten entre los propios juristas y en la sociedad admiración, respeto y reconocimiento de su prestigio intelectual e independencia.

¿Y cómo llevan en el Supremo los procesos del juez Garzón?

Hay tres procesos abiertos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que están en trámite de instrucción. Hay que confiar en que los juicios se produzcan en un plazo razonable.

Usted que ha nacido en la provincia de Huesca, ha trabajado en las de Zaragoza y Teruel y ahora está en el Tribunal Supremo, ¿Qué visión tiene de Aragón?

Creo que lo más significativo de Aragón, lo que le da nervio, fuerza e identidad es su población, sus gentes. Aragón es una comunidad en la que sus ciudadanos conservan su aprecio por la rectitud de obrar, por el trabajo bien hecho, y demuestran su adhesión a los valores de respeto y convivencia. Es un pueblo tolerante, que goza del afecto del resto de España, precisamente por su capacidad de entusiasmarse con ideales compartidos.