La comarca del Sobrarbe ha expresado su oposición a que las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado vuelvan a salir a subasta para ser gestionadas por manos privadas al entender que se cierra así la posibilidad de que los municipios afectados participen de los beneficios obtenidos.

La decisión fue adoptada el pasado lunes por la noche durante una reunión del consejo comarcal en la que se acordó por unanimidad, a instancias de CHA, rechazar unas políticas de la Administración central respecto a las centrales de producción de energía eléctrica que sólo dejará "migajas" a las poblaciones.

La comarca acordó solicitar al Gobierno central que los municipios y comarcas con saltos hidroeléctricos en su territorio sean los primeros beneficiarios de estas instalaciones, "participando en la futura gestión o recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación".

Además, reclamará que se limite la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, y que correspondan a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal.

También se instará una modificación de la normativa del Impuesto de Actividad Económicas (IAE) para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales y favorecer que los ingresos de las entidades locales por este concepto no se vean "mermados".

Para el portavoz de CHA en la comarca de Sobrarbe, José Ramón Ceresuela, la administración "no tiene ninguna sensibilidad con los territorios que producimos energía, y un ejemplo claro es sacar a subasta todas las centrales cuando caduquen las concesiones, una decisión que perjudica gravemente a comarcas como la nuestra".

A su juicio, esta decisión no sólo "cierra las puertas" a una gestión pública de las centrales, sino que, "lo que es más grave", no prevé las "necesarias y justas" compensaciones a los municipios afectados por las referidas instalaciones.

Desde CHA se asegura, asimismo, que durante el tiempo en el que las centrales pasan a manos del Estado, los municipios dejan de percibir una parte de los ingresos procedentes del IAE ya que las administraciones están exentas de este impuesto.

Esta formación destaca que esta situación ha supuesto a los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y el Pueyo de Jaca una disminución de sus ingresos en unos 80.000 euros sólo por los saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento.

Por esta razón, señala Ceresuela, "es necesario que el Estado abone el IAE cuando le son revertidas las centrales".