La Diputación de Lérida ha destinado en los últimos años casi 500.000 euros a subvenciones tanto para el consorcio del Museo Diocesano y Comarcal como para la asociación de Amics del Museu, y las tres partidas en las que se divide esta cantidad han sido concedidas en concepto de asesoramiento jurídico. Ambas entidades están involucradas en estos momentos en varios procesos judiciales relacionados con el conflicto de los bienes sacros propiedad de las parroquias aragonesas y que se encuentran retenidos en Cataluña, tras la negativa de las instituciones civiles y religiosas de esta comunidad a devolverlas a sus dueños.

La ayuda más cuantiosa, que asciende a la desorbitada cifra de 419.032,83 euros, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Lérida el pasado 3 de junio. Según este documento, el presidente de la institución, Jaume Gilabert, firmó en abril el decreto por el que se aceptaba el justificante del gasto presentado por el consorcio y se pagaba la citada cantidad como una subvención "por aportaciones ordinaria y extraordinaria para asesoramiento jurídico". El pasado septiembre, el órgano -que gestiona el centro donde se custodian tanto las obras de Barbastro-Monzón como otras reclamadas por Berbegal, Peralta de Alcofea y Villanueva de Sijena- recibió otros 13.000 euros de la Diputación. Y años antes, entre 2003 y 2004, se le concedieron otras dos subvenciones para el mismo fin que ascendían a 19.532 euros cada una.

Estos hechos fueron cuestionados por el abogado ribagorzano Jorge Español, quien recordó que "está terminantemente prohibido por la Ley de Subvenciones" la concesión de este tipo de ayudas a un ente público como es el consorcio, integrado, además de por la misma Diputación, por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Comarca y el obispado, que ya tienen sus propios servicios jurídicos.

Por lo que respecta a los Amics, en total, según la base de datos del Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, entre mayo de 2007 y el pasado agosto la Diputación ha otorgado a los Amics doce subvenciones cuyo importe global supera los 35.600 euros, y casi un tercio de ese dinero fue concedido en concepto de "asesoramiento jurídico para defensa del patrimonio cultural". Cabe recordar que este colectivo planteó en 2008 una demanda civil para dirimir la propiedad de más de 80 de los 112 bienes sacros en litigio entre los obispados de Lérida y Barbastro-Monzón. El pasado mes de septiembre, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de la capital ilerdense falló que la diócesis oscense era su dueña. Esta misma semana han recurrido la sentencia.

Entre estas partidas, llaman especialmente la atención dos concedidas en menos de dos meses, a comienzos de 2009, con una dotación de 5.000 euros cada una para asesoramiento jurídico.

A este respecto, Jorge Español explicó que la ley solo permite pagar gastos de asesoría jurídica derivados de un proyecto subvencionado, y en ningún caso sufragar las costas de procesos judiciales, como sería el caso.

"Ni un euro de subvención"

En el juicio celebrado en mayo por la propiedad de los bienes, y a preguntas del abogado de Barbastro, Hipólito Gómez de las Roces, la presidenta de los Amics, Nuria Oliva, afirmó que la única fuente de ingresos de su colectivo eran las aportaciones de sus socios y que no recibían "ni un euro de subvención ni de la Generalitat ni de nadie", ante lo cual el público estalló en una carcajada. "Muchas asociaciones nos han ayudado a sufragar los gastos y el abogado también es socio", aclaró entonces. Ayer Oliva reiteró estos argumentos y negó haber recibido ayudas públicas para este fin. "No tengo ni idea, solo nos han dado lo poco que dan a todas las asociaciones", zanjó.