Cada tres días se denuncia un fallo en la construcción o una irregularidad en las viviendas de protección oficial en Aragón. Durante el año pasado, se tramitaron 122 expedientes de los que una tercera parte, 40, fueron incoados directamente por el Gobierno de Aragón y el resto, 82, por particulares. La mayoría son por defectos constructivos, pero también por falsear los datos para conseguir una vivienda, por hacer obras sin permiso en el interior o por intentar cobrar un sobreprecio en una segunda venta. Pero además, el Gobierno autonómico vigila las viviendas protegidas desocupadas o que no constituyen la residencia habitual del propietario. No vivir en casa puede costar caro.

Sin embargo, la tarea de inspección es limitada. El Gobierno de Aragón cuenta con 6 inspectores, todos trabajando en Zaragoza, para controlar todas las promociones de Aragón. Solo en el año 2006 se terminaron 14.000 viviendas protegidas y se iniciaron 8.100 más. Como ejemplo, en la nueva zona de Valdespartera en la capital aragonesa se van a edificar 9.500 pisos.

Esta tarea de inspección se suma al trabajo que está desarrollando el Gobierno de Aragón para modificar algunos puntos procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas con el objetivo de mejorar el sistema. Tal y como ya informó este diario el pasado domingo, la mitad de los adjudicatarios de vivienda protegida la rechazan, en parte por algunos fallos del sistema, como refleja el testimonio (página 3) de Julio Canales. Por ello, algunos de los cambios irán orientados a penalizar a los adjudicatarios en la primera renuncia, excluyéndolos de los próximos sorteos, o a sortear directamente el piso concreto (3º B) en lugar de uno en una promoción para suprimir el proceso de elección. Pero una vez adjudicados, la inspección es más complicada.

Multas a los pisos vacíos

No sería la primera vez. El Gobierno de Aragón ya ha expedientado a algún propietario por no ocupar su vivienda. Pero la multa no se limita únicamente a una sanción económica sino que se trata de multas coercitivas con las que se obliga al propietario a ocupar la vivienda de manera permanente. Si no se cumple, el importe va aumentando.

"El asunto más grave, social y administrativamente, es que haya viviendas vacías", reconoce el director general de Vivienda, José Luis Castellano. De hecho, el Ejecutivo autonómico ya tipificó en 2003 en la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda Protegida como infracción "grave" el no destinar estos pisos a "domicilio habitual y permanente" en el plazo legal establecido desde su entrega (normalmente, tres meses).

El Gobierno de Aragón advierte de que va a estar especialmente vigilante para detectar la viviendas que no están ocupadas regularmente. Unas persianas siempre cerradas o un buzón lleno de publicidad pueden ser indicativos que provoquen una denuncia. Sin embargo, para detectar estos fraudes es necesaria la implicación de los vecinos. "Lo más importante es que exista una conciencia social para que los recursos públicos cumplan su función", asegura.

El director general de Vivienda del Gobierno de Aragón admite las limitaciones para inspeccionar los pisos y comprobar, al mismo tiempo, que no se hacen reformas sin licencia, aunque en la calle se hable de propietarios que realizan obras sin autorización: sustituyen sanitarios, suelos, puertas... "Lo que no podemos hacer es convertir en un sistema policial. Los inspectores no pueden ir a los pisos igual que no se comprueba en cualquier domicilio si se han hecho obras menores sin licencia. Necesitaríamos una autorización judicial", explica.

Recuerda un caso en que el propietario denunció una deficiencia en la construcción y al inspeccionar el edificio se detectó que se habían efectuado obras sin autorización, por lo que se abrió un expediente. Aunque no todos terminan en sanción, en muchos casos se retiran las ayudas que suponen pérdidas de 12.000 euros.

Alquiler VPO

Por otro lado, el Gobierno de Aragón se plantea la posibilidad de que un propietario de VPO pueda alquilar su vivienda con permiso de la DGA en una situación excepcional. Por ejemplo, en el caso de que se tenga que trasladar un tiempo por motivo de trabajo. En esta situación, solo podría cobrar el precio estipulado para la vivienda protegida de alquiler. "Creemos que así se evitará el fraude de alquilar sin contrato", asegura. Aunque por esta infracción no se ha multado a nadie.